TIERRA NOTICIAS. El Estado boliviano no cumple con el pago de la "compensación adecuada", que incluyó "los gastos de representación legal a nivel nacional e internacional" a los ex asambleístas del Movimiento al Socialismo (MAS), Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado, que fueron respaldados con una “sentencia del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, tras haber sido impedidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de ser candidatos en las elecciones subnacionales de 2015.

El procurador general del Estado, Pablo Menacho, consideró, si los ex asambleístas Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado tienen pretensiones sobre algún tipo de indemnización económica, pueden llevar su reclamo a las instancias que ellos consideren pertinentes, cuando la sentencia no establece como opción el derecho de una "compensación adecuada".

Menacho esgrimió como argumento para eludir esta "compensación adecuada", en la supuesta ausencia del carácter vinculante de los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por ser –según el Procurador- una "eminentemente recomendatorios", por lo que dijo que el Estado boliviano, al modificar normas legislativas y el reglamento del Órgano Electoral, ya cumplió esas disposiciones.

"El Estado boliviano ya cumplió las recomendaciones con relación a llevar adelante todas las acciones para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir, hubieron modificaciones legislativas, el Órgano Electoral Plurinacional ha ajustado su reglamento, por lo que dichas recomendaciones de ese tipo ya han sido cumplidas en su cabalidad", esgrimió Menacho.

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Hace un año exactamente, es decir el 18 de abril del 2018, se hacía público que del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas había establecido responsabilidades en la violación de Derechos Humanos, Políticos y Civiles por funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de la gestión 2015 y del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de ese mismo periodo. Desde esa fecha el Gobierno de Evo Morales debía cumplir con la sentencia en un plazo de 180 días, es decir seis meses.

En esa ocasión Rebeca Delgado aseveraba que "El dictamen es igual que una sentencia a nivel internacional, donde hay dos temas esenciales que está determinando. El primer tema es la vulneración de Derechos Humanos, esto significa la falta de acceso a la justicia, la prohibición de ejercer mi derecho de ser candidata, discriminación, retardación de justicia, es decir son varios Derechos que se han vulnerado del Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos", dijo a los periodistas.

La también exdiputada del MAS, identificó entre los responsables de la violación de Derechos Humanos, políticos y civiles, al que fuera presidente del TSE, Wilfredo Ovando, y los seis vocales electorales que conformaban su directiva.

"Tienen que determinar responsabilidades, quiénes han sido en ese momento los del Tribunal Supremo Electoral que vulneraron mis derechos, y estaba sí mal no recuerdo de presidente Wilfredo Ovando y seis vocales más. Tiene que ser la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de La Paz, que tardó más de tres meses en resolver una acción, que de acuerdo a la Constitución tiene que tener 48 horas, entonces no es en abstracto, tiene que determinar los responsables de las vulneraciones de los Derechos Humanos", explicó Rebeca Delgado, tras conocerse el fallo internacional del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las NNUU a su favor.

En dicha sentencia el Comité internacional de Derechos Humanos impone al Gobierno de Evo Morales un resarcimiento económico por violación a sus derechos políticos y cívicos en 2015.

No obstante, Menacho dijo hoy (18.04.2019) que la Procuraduría ya informó al Comité de Derechos Humanos sobre las acciones que se tomaron para cumplir las recomendaciones que hizo ese organismo en abril del año pasado.