La Paz, Bolivia, 01 de Octubre de 2026 (Tierra Plus). El gobierno nacional advierte con la aprehensión de Luis Montaño, autoproclamado como Fiscal General del Estado (FGE), por sospecha de ser parte de la "estructura criminal" constituida por el fiscal general, Roger Mariaca, destinada a obstaculizar las investigaciones en curso vinculadas al caso.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que las recientes decisiones dentro del Ministerio Público formarían parte de una estrategia para interferir en procesos judiciales y debilitar el trabajo de los fiscales que llevan adelante las investigaciones.

“Lo que queremos denunciar ante el pueblo boliviano es justamente que esa maquinaria, esa estructura criminal está en acción (…) no es un problema con el gobierno, es un problema con el pueblo boliviano”, aseveró Gálvez.

El Vocero Presidencial apuntó directamente a Montaño, a quien acusó de asumir atribuciones que no le corresponden y de afectar el normal desarrollo de las investigaciones.

“En concreto, quiero denunciar al señor Luis Montaño Morales, que de manera ilegal e ilegítima está haciendo usurpación de funciones, autodeclarándose como fiscal general”, interpeló el funcionario del gobierno.

Desde muy tempranas horas de hoy (01.10.2026), Montaño emprendió campaña por intentar suceder en el puesto a Roger Mariaca, por la Ley 260 del Ministerio Público.

Sin recibir ningún aval de instancia competente, Montaño procedió a realizar nombramientos y designaciones de funcionarios subalternos.

Lo que enervó la tolerancio del gobierno fue la decisión de Montaño de desvincular al fiscal de materia I, Juan Pablo Mazzone, de la toma declaraciones en el caso que involucra a fiscales que se encuentran aprehendidos entre ellos al fiscal Roger Mariaca.

Asimismo, Montaño instruyó que Mazzone entregue toda la documentación física y digital bajo su responsabilidad, además de presentar un informe detallado dirigido a la Fiscalía Departamental de La Paz.

El Gobierno también denunció presuntas restricciones en el acceso a la presentación de denuncias, en medio de un escenario de tensión institucional tras la aprensión de Roger Mariaca.

El Vocero Presidencial advirtió que existirían mecanismos que estarían bloqueando el normal curso de las acciones legales impulsadas por la ciudadanía y las investigaciones en curso.

“Han cerrado el sistema para no admitir las denuncias”, afirmó el vocero, al referirse a lo que considera una obstrucción a la investigación dentro de la estructura judicial.

Gálvez también señaló que detrás de estas acciones existiría una red de intereses que estaría afectando el funcionamiento de la justicia, a la que calificó como una “estructura criminal” que busca interferir en procesos sensibles.

Finalmente, reiteró que el Ejecutivo dará una respuesta “legal, democrática pero firme” frente a cualquier intento de obstaculizar el trabajo de las instituciones encargadas de la persecución penal.

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