TIERRA NOTICIAS. El Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, establece y observa que en Bolivia persista y se arrastre aún los patrones de injerencia política en la Justicia. El Relator de la ONU pide poner fin al abuso de la detención preventiva de las personas investigadas.

"La prisión preventiva debe ser utilizada excepcionalmente, durante el menor tiempo posible y solo en casos que presenten ciertos elementos de gravedad. Además, se debe garantizar la separación entre presos preventivos y condenados en todos los lugares de privación de libertad. La prisión preventiva no puede constituir un castigo para las personas que no han sido juzgadas", se afirma en el Informe final del Relator Especial de la ONU.

García-Sayan visitó Bolivia entre el 15 y 22 de febrero del presente año y conoció de primera fuente, la alta vulnerabilidad de los operadores de la justicia frente a la injerencia y presiones de los políticos debido a los altas cifras de jueces, vocales y fiscales designados de forma interina, según el informe final del Relator de Naciones Unidas, que fue publicado el 11 de mayo pasado.

"Los jueces, juezas, vocales y magistrados bolivianos se encuentran en situación de alta vulnerabilidad, expuestos a diversas formas de injerencia o presión. Esta vulnerabilidad se debe a la falta de una carrera judicial, al alto número de jueces transitorios y remuneraciones bajas. La injerencia política, así como la presión de agentes no estatales, sumadas a las bajas remuneraciones, abren la puerta a la corrupción", señala una de las conclusiones de García-Sayan.

Otro factor que el relator observó y que es de conocimiento público en Bolivia es la prevalencia del sesgo político en la elección de las autoridades jerárquicas del Poder Judicial. "El Relator Especial recogió una extendida valoración crítica indicando que dicho sistema está politizado y no siempre ha conducido a escoger a las personas más idóneas".

"La elección por sufragio universal de integrantes de las altas cortes y el Consejo de la Magistratura establecida en la Constitución de 2009 no ofrece las garantías suficientes para evitar injerencias políticas, no asegura el nombramiento de personas idóneas a los cargos ni ha generado legitimidad en los procesos de votación popular marcados por el ausentismo y el voto nulo o en blanco", señala otra conclusión del Relator.

Es ante la abundante evidencia de esta manipulación política en la selección y nombramiento de las altas autoridades judiciales dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el Movimiento al Socialismo (MAS) siempre ostentó la mayoría de los diputados y senadores, plantea "una reforma parcial de la Constitución que sería sometida a referéndum popular aprobatorio o denegatorio".

"Esta propuesta plantea la creación de una comisión nacional de postulaciones, integrada por representantes independientes de la sociedad que elabore, sobre la base de méritos y exámenes, ternas sobre las cuales la Asamblea Legislativa Plurinacional elija por dos tercios del total de sus miembros a las personas que asumirán esas altas funciones", señala otro acápite del Informe final del García-Sayan. 

El informe de 20 páginas del Relator de ONU, incide en la importancia del "presupuesto del órgano judicial (que) no alcanza siquiera el 0,5 % del presupuesto general de la nación, lo que ha generado el alto porcentaje de jueces transitorios que ejercen el cargo en interinato subordinados a los bajos salarios.

"Según los datos presentados en 2020, únicamente el 44 % de jueces en funciones es de carrera. La alta proporción de jueces transitorios, que supera a los 500, es preocupante. Está demostrado que una alta tasa de provisionalidad conspira contra una conducta independiente de jueces y juezas", señala el Informe. 

"El Estado debe dotar de recursos apropiados al órgano judicial. Dicha dotación podría establecerse por ley, con un porcentaje mínimo del presupuesto nacional. El presupuesto debe poder abordar una mejora de sueldos de los operadores de justicia, la creación de nuevos juzgados, la formación del personal y que el órgano judicial mejore su cobertura en todos los municipios del país", concluye.

La situación en la Ministerio Público no es diferente, a decir del Relator Especial de Naciones Unidas, la Fiscalía aplica un programa de estudios para la promoción de fiscales graduados sin una base legal, fuera de los marcos de la Ley orgánica del Ministerio Público. Pese a la falta de una base legal, la Fiscalía espera contar con una segunda promoción de fiscales en 2022.

"Sin embargo, esta integración a la carrera parecería precisar de sustento legal, ya que la Ley orgánica del Ministerio Público establece que los fiscales departamentales deben ser designados por convocatoria pública y calificación a través de un concurso público. Los sueldos de los fiscales de materia son menores a los de un juez. Al igual que el órgano judicial, el Ministerio Público tuvo que reducir los salarios debido a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) en 2021. En línea con los criterios explicados sobre la carrera judicial, el país necesita contar con una carrera fiscal", establece el Relator.

"Durante su visita, el Relator Especial pudo constatar que estos patrones que el país arrastra de larga data aún no han sido erradicados. La independencia del sistema judicial debe ser garantizada por el Estado, esa es su obligación internacional y constitucional. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole están llamadas a respetar y acatar dicha independencia" enfatiza el Informe del Relator Especial de la ONU, sobre la injerencia política en la Justicia.

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