Noticias de Bolivia. El representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Bolivia, (UNODC), Antonino De Leo, aclaró el martes que Bolivia tiene una de las tasas más altas de mujeres privadas de libertad de América Latina por todos los delitos y no por microtráfico, como se interpretó en primera instancia.

"En 2016, de manera comparativa con 2015, se ha registrado una disminución en la cantidad de mujeres privadas de libertad en 0,5%. Sin embargo, no debemos olvidar que en Bolivia aún se está penalizando de manera excesiva a las mujeres en relación a las tendencias mundiales y regionales. A nivel mundial, la tasa promedio de mujeres privadas de libertad es de 5%. En América Latina y El Caribe, esta tasa es más alta pues asciende al 6%", precisó.

De Leo remarcó que en general y no por delitos relacionados con el narcotráfico, en Bolivia el porcentaje de mujeres privadas de libertad representa 8% de un total de 14.169 personas en esa condición.

Según la Dirección General de Régimen Penitenciario, en el país existen 448 mujeres privadas de libertad por delitos relacionados con la Ley 1008, de narcotráfico, que representa 38,72% del total de privadas de libertad.

Además, ese tipo de delitos constituye el tercer motivo de privación de libertad en Bolivia; tomando en cuenta que los delitos predominantes son robo, robo agravado y violación.

Desde 2015, la UNODC acompaña y brinda asistencia técnica al proceso de reforma penitenciaria iniciado por el Ministerio de Gobierno a través de Régimen Penitenciario.

Esa asistencia se realiza a partir de estándares internacionales, buenas prácticas, lecciones aprendidas y experiencias de la UNODC en el tratamiento a las personas privadas de libertad a nivel regional y global, con un enfoque que prioriza a poblaciones más vulnerables, como las mujeres, adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley, población LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, travestis e intersexuales), entre otros.

La asistencia técnica de la UNODC al proceso de reforma penitenciaria se articula en torno a tres ejes desarrollados en su Estrategia para abordar la crisis penitenciaria a nivel global (2015-2017): reducir el uso del encarcelamiento; mejorar las condiciones de reclusión; y apoyar programas de reintegración social para las personas privadas de libertad tras su liberación, remarca un boletín institucional.