TIERRA NOTICIAS. El Tribunal Cuarto de Sentencia de La Paz, presidido por la juez Inés Tola, dicta sentencia condenatoria de 30 años de cárcel y sin derecho a indulto para el exalcalde del Movimiento al Socialismo (MAS), Félix Huanca y al exconcejal del mismo partido, Pastor Cutile, por ser los autores del asesinato de la concejal de Ancoraimes, Juana Quispe Apaza.

La abogada Valquiria Lira, en representación de la familia de la víctima, explica que tras 12 años de litigio, hoy (03.03.2023), también fueron sentenciadas la exconcejala del MAS, Basilia Ramos, con un pena 15 años de prisión en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes. Mientras que para Exalta Arismedi se fijó 2 años de cárcel por el delito de encubrimiento en el asesinato de Juana Quispe.

En la última audiencia del juicio, que comenzó desde la mañana hasta horas de la tarde, las partes del proceso emitieron sus alegatos finales antes de conocer la sentencia por el crimen, considerado por la parte denunciante, como crimenes de "odio político" y crimenes de genero.

Tanto Félix Huanca como Pastor Cutili deberán cumplir su sentencia en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz mientras que Basilia Ramos en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes. En el caso de Arismendi se prevé que sea beneficiada con el “perdón judicial”, por lo que no podría ingresar a la cárcel.

“Las hermanas (de la víctima) están muy emocionadas con la sentencia y con los resultados porque son 12 años de esfuerzo, 12 años de haber combatido con el poder que tenían los acusados y sus contactos políticos”, declaró la bogada Lira, según consigna radio Erbol.

El juicio comenzó en febrero de 2023 y en total se realizaron al menos 35 audiencias hasta llegar a la última etapa del proceso. Se tiene previsto que el próximo 9 de enero se dará a conocer la fundamentación y la lectura integra de la sentencia.

Casio Villanueva, tío de Juana Quispe, consideró que la sentencia dictada contra los dos principales autores era “lo justo” a pesar del tiempo transcurrido y más aun ya que ninguno de los involucrados estaba detenido preventivamente.

“Son 12 años que pasaron que no hubo justicia, pero por fin fueron sentenciados”, dijo Villanueva, mientras que la hermana, Francisca Quispe Apaza, dijo que con la sentencia en contra de los autores del asesinato, “por fin” el alma de Juana Quipe descansará en paz.

Juana Quispe, concejala de Ancoraimes, murió asfixiada el 12 de marzo de 2012, tras 20 meses de persecución política por el entonces alcalde Félix Huanca de las filas del Movimiento al Socialismo (MAS). El fatídico 12 de marzo Juana Quispe fue invitada por sus verdugos a la marcha por el acullico a cuya conclusión retornaba a su comunidad junto a ellos, pero no llegó a la comunidad y unas horas después su cadáver fue encontrado en el rio Orkojahuira.

La concejala de 42 años había denunciado que era presionada para dejar su cargo, práctica que en Bolivia se conoce como “compromiso forzoso de la gestión compartida”. Seis meses antes de ser asesinada, Quispe advirtió que recibió amenazas de muerte. "No me he rendido, tomé fuerzas y dije no voy a hacerlo, si es posible mátenme, estoy dispuesta a morir", manifestó la concejala.

Los familiares y la abogada de la víctima expusieron el calvario vivido por esta valiente mujer cuyo pecado fue denunciar los actos de corrupción e ilegalidades del alcalde Félix Huanca Flores y dejar la militancia del partido de gobierno (MAS), postulándose como candidata a concejala por una agrupación ciudadana logrando a su favor mayor número de votos que el oficialismo.

La prepotencia del exalcalde y los concejales Pastor Cutile Quispe y Basilia Ramos impidió que Juana ejerza el cargo para el que fue elegida. Agresiones verbales y físicas, incluidos chicotazos por no renunciar y reiteradas amenazas de muerte fueron hechos que las autoridades policiales, del Ministerio Público, judiciales y del Órgano Electoral dejaron pasar sin tomar medida alguna para resguardar su vida.

Su caso es emblemático en Bolivia, ya que tras su muerte se impulsó la ley 243 que sanciona los hechos de acoso y violencia política en el país.

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