TIERRA NOTICIAS. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) emite un pronunciamiento a casi dos semanas de haberse suscitado los acontecimientos violentos en la ciudad de Santa Cruz, tras la violenta detención del gobernador Luis Fernando Camacho el 28 de diciembre.

La CIDH dice que "rechaza las denuncias de uso excesivo de la fuerza" de la Policía y lo que la Comisión llama "grupos organizados". "La CIDH expresa su firme condena a todo tipo violencia y rechaza de manera enfática tanto las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, como los actos violentos cometidos por grupos organizados en el marco de las protestas", asevera.

La CIDH basó su pronunciamiento en informes del Ministerio de Gobierno, la Defensoría del Pueblo, la Asociación Nacional de la Prensa Boliviana y la Sociedad Interamericana de Prensa. El Ministerio de Gobierno ha sido señalado por los representantes de Santa Cruz y defensores de los derechos Humanos como el principal responsable de la brutal represión policial a civiles y periodistas.

"Las fuerzas de seguridad no deben perpetrar violencia contra la prensa. Los medios de comunicación y personas comunicadoras sociales tienen un rol en el control social durante la organización, convocatoria y el ejercicio de las protestas y como canalizadores privilegiados del debate público", señala el comunicado de prensa.

La CIDH demuestra desconocimiento o una visión ingenua sobre la realidad boliviana cuando señala, por un lado, que "La protesta social y pacífica es un elemento esencial para la existencia y funcionamiento de la democracia", cuando la semana pasada se vio en La Paz a los funcionarios del Gobierno y militantes del partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS), atacando las manifestaciones pacificas del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE).

"Se debe hacer un esfuerzo para identificar si existen grupos violentos que, apartados del derecho de protesta, puedan desnaturalizarlo o bien utilicen dicho contexto para otros fines alejados de la misma, y con ello evitar escenarios de enfrentamiento y violencia extrema. Los actos de violencia o violencia sistemática no son parte del derecho de la protesta", sostiene la CIDH en su comunicado.

En los últimos 21 días los bolivianos han sido testigos del discurso violento de funcionarios del Gobierno, operadores políticos del MAS y grupos de choque del partido gobernante en contra de los movilizados del departamento de Santa Cruz, que exigen la libertad del gobernador Camacho y otros 180 presos políticos opositores políticos al régimen gubernamental.

"En el contexto actual boliviano, la CIDH subraya que todas las personas con liderazgos políticos, incluyendo quienes ejercen la función pública, personas candidatas, líderes, y titulares de cargos de partidos políticos, deben utilizar sus posiciones de liderazgo para contrarrestar la violencia y promover el entendimiento intercultural y el respeto a la diversidad. La violencia puede ser acentuada o exacerbada por discursos públicos de intolerancia por parte de altas autoridades y otros liderazgos políticos".

Finalmente, considerando que los últimos eventos han derivado de la violenta detención ejecutada por el Gobierno en contra de Fernando Camacho, la CIDH señala que "hará un seguimiento cercano a los procesos judiciales en los que se enmarcan las detenciones realizadas, con el objetivo de monitorear el respeto irrestricto relativos a las garantías judiciales, el debido proceso, la protección judicial y el acceso a la justicia, acorde con los estándares interamericanos".

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