Miércoles, Agosto 26, 2020
Planeta Tierra

Ante el poco interés del gobierno de Áñez, plantean anular normas que promueven riesgos de incendios forestales

TIERRA NOTICIAS. La Red Eclesial de la Amazonía de Bolivia (Repam-Bolivia), a través de un pronunciamiento divulgado este martes, planteó al Ejecutivo y Legislativo la anulación de las normas que promueven prácticas de riesgo de incendios y afectaciones al medio ambiente.

"Se exhorta (...) promover acciones concretas de protección de la naturaleza a los organismos económicos y sociales, a asumir la salvaguarda de la casa común", señala el documento.

El pedido surgen a nueve meses del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, tiempo en el que su administración no ha demostrado ninguna sensibilidad con la amazonía, a un año de la tragedia ocasionada por el incendio en la Chiquitanía.

Tras 70 días del voraz incendio en la Chiquitanía el balance final dejó 4 millones de hectáreas arrasadas, 12 áreas protegidas con afectaciones de hasta el 50%, patrimonios naturales únicos en el planeta destruidos, 4.500 familias afectadas, 100 heridos y cinco fallecidos.

Hoy en el documento de la Red Eclesial de la Amazonía se interpela, también, al sistema de Justicia por no haber emitido criterio alguno frente a reclamos que, en su momento, fueron planteados como "injustos y criminales" y que necesitaban de la acción judicial oportuna.

En este sentido, las normas comprometidas con la afectación al medioambiente tienen que ver con la quema controlada, chaqueos, para fines de ampliación de la frontera agroindustrial.

La demanda cuestionó la aprobación y vigencia de las leyes 1171/2019 y 741/2105, además del Decreto Supremo 3973/20 relativos al desmonte de hasta 20 hectáreas.

Unas 6,4 millones de hectáreas en la amazonia de Santa Cruz y Beni fueron afectadas durante el incendio que se prolongó entre julio y septiembre de 2019, cuando el gobierno del MAS se negó a declarar desastre natural para atender esta contingencia.

El siniestro se extendió hasta los ecosistemas del Chaco y El Pantanal afectando el hábitat de animales nativos, ya en riesgo por la caza furtiva, aves exóticas y las más de 6341especies de plantas registradas.

En 2020 el índice de incendios forestales se redujo en 80% respecto del 2019. No obstante, se verificó que en 30 comunidades, al menos 75 predios realizaban la quema ilegal de tierras.

"Aceptar responsabilidades requiere asumir un compromiso para corregir los errores. Esto nos llama al desafío de buscar nuevos caminos en que las legítimas aspiraciones de desarrollo vayan en armonía con la naturaleza", dice parte del pronunciamiento.

En esta línea, exhorta al Estado hacer caso de las recomendaciones emitidas por el Tribunal Internacional de Defensa de la Naturaleza que plantea al Estado la urgencia para evitar mayores depredaciones de bosques.

El pasado jueves, el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, una organización sin fines de lucro, estableció, a través de una sentencia emitida esa jornada, la responsabilidad del Estado boliviano por el delito de ecocidio debido a los incendios ocurridos en la amazonia, chaco y chiquitania.

El veredicto, leído a través de plataformas digitales, plantea la necesidad de hacer un estudio que determine el daño real ocasionado a los tres ecosistemas, determinar pausa ecológica, abstenerse de asentamientos humanos en fragilidad ecológica, entre una veintena de recomendaciones.

La demanda fue planteada en diciembre de 2019 por poblaciones originarias afectadas en su territorio, identificando como responsables a las autoridades administrativas del Estado que establecieron las políticas agroindustriales y los lineamientos jurídicos para el uso de suelos en esas regiones para ampliar la frontera agrícola mediante quemas controladas.

"Corresponde la sindicación como autores del delito de ecocidio contra la ecoregión de la chiquitania, amazona y chaco de Bolivia contra el gobierno Evo Morales 2019, gobierno de Jeanine Añez año 2020, las gobernaciones de Santa Cruz y Beni, la Autoridad de Fiscalización de Bosques y Tierras (ABT), el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la Asamblea Legislativa, Fiscalía, Poder Judicial y Poder Agroambiental", establece el fallo del Tribunal.

El tribunal conformado por los abogados, Patricia Gualinca, representante originaria de Ecuador, Hector Tamo de Brasil y Nancy Yañez, de Chile, coordinadora de esta entidad internacional llevaron la audiencia virtual que tomó dos días.

Durante el desarrollo de la extensa audiencia también se escuchó los testimonios de los demandantes por más seis horas y media.

Los incendios, objeto del juicio internacional ocurrieron entre julio y septiembre de 2019, extendiéndose por más de 70 días, cuando se afectaron 6,4 millones de hectáreas en la amazonía de Santa Cruz y Beni.

La causa de estos incendios fue atribuida a la deforestación para ampliar la frontera agrícola.

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