TIERRA NOTICIAS. El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, una organización sin fines de lucro, estableció, a través de una sentencia emitida este jueves, la responsabilidad del Estado boliviano por el delito de ecocidio debido a los incendios ocurridos en la amazonia, chaco y chiquitania.

El veredicto, leído a través de plataformas digitales, plantea la necesidad de hacer un estudio que determine el daño real ocasionado a los tres ecosistemas, determinar pausa ecológica, abstenerse de asentamientos humanos en fragilidad ecológica, entre una veintena de recomendaciones.

La demanda fue planteada en diciembre de 2019 por poblaciones originarias afectadas en su territorio, identificando como responsables a las autoridades administrativas del Estado que establecieron las políticas agroindustriales y los lineamientos jurídicos para el uso de suelos en esas regiones para ampliar la frontera agrícola mediante quemas controladas.

"Corresponde la sindicación como autores del delito de ecocidio contra la ecoregión de la chiquitania, amazona y chaco de Bolivia contra el gobierno Evo Morales 2019, gobierno de Jeanine Añez año 2020, las gobernaciones de Santa Cruz y Beni, la Autoridad de Fiscalización de Bosques y Tierras (ABT), el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la Asamblea Legislativa, Fiscalía, Poder Judicial y Poder Agroambiental", establece el fallo del Tribunal.

El tribunal conformado por los abogados, Patricia Gualinca, representante originaria de Ecuador, Hector Tamo de Brasil y Nancy Yañez, de Chile, coordinadora de esta entidad internacional llevaron la audiencia virtual que tomó dos días.

Durante el desarrollo de la extensa audiencia también se escuchó los testimonios de los demandantes por más seis horas y media.

Los incendios, objeto del juicio internacional ocurrieron entre julio y septiembre de 2019, extendiéndose por más de 70 días, cuando se afectaron 6,4 millones de hectáreas en la amazonía de Santa Cruz y Beni.

La causa de estos incendios fue atribuida a la deforestación para ampliar la frontera agrícola.

La afectación a los distintos pisos ecológicos interconectados generó un severo daño al ecosistema, especialmente en el bosque chiquitano, donde fueron consumidos por el fuego más de dos millones de hectáreas, planteó la argumentación del juicio.

La demanda cuestionó la aprobación y vigencia de las leyes que facilitan las quemas de tierras establecidos en las leyes 1171/2019; 741/2105 y el Decreto Supremo 3973/20 relativos al desmonte hasta 20 hectáreas con fines agroindustriales.

En ese marco, también se cuestionó la vigencia de Ley1098/2018 referida al uso de adictivos de origen vegetal y al Decreto 3874/2019, asociada al producción agrícola para biodiesel.

Francisca Mattos, representante de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNMIB), al término del fallo, plantó la abrogación de toda la normativa que permite acceder a estos suelos con fines agroindustriales y la prohibición definitiva de quema de suelos