TIERRA NOTICIAS. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentó su informe final sobre los hechos de violencia ocurridos en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019, en el territorio boliviano, en el periodo gubernamental de Evo Morales Ayma y la presidenta transitoria, Jeanine Áñez.

La argentina, Patricia Tappatá Valdez, fue la encargada de dar lectura a las conclusiones es directora del centro Internacional para la promoción de los DDHH-Unesco,

“El GIEI no duda, sin embargo, en calificar a los hechos de Sacaba y Senkata como masacres. Es esencial que quienes resultaron víctimas obtengan justicia reparación por los daños que le fueron provocados y atención inmediata para sanar heridas. Es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que la situación de cada una de ellas demanda el reconocimiento de su calidad de víctimas”, manifestó la argentina, Patricia Tappatá, integrante del Grupo GIEI.

El Grupo Interdisciplinario estableció que se han registrado manifestaciones de la violencia racista en acciones ejecutadas por las fuerzas de seguridad del Estado y grupos civiles. "Observó la existencia de serias deficiencias del Estado boliviano en garantizar y respetar la independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de debilidades en las capacidades de estas instituciones para garantizar la debida diligencia y el debido proceso en sus actuaciones".

“La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia, dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas. Por su parte, particulares promovieron y protagonizaron actos de violencia y ataques a bienes públicos y privados”, señaló Patricia Tapatá.

El GIEI cree que las supuestas "transformaciones operadas en Bolivia" para tener un país mas inclusivo en su diversidad no han sido acompañadas por la "reforma de dos de las instituciones claves para el funcionamiento de la democracia": la justicia por lado, la Policías y las Fuerzas Armadas, por el otro, donde su integrantes se destacan por la violación de los derechos humanos.

"La administración de justicia y las fuerzas de seguridad, directamente conectadas con la vigencia de los derechos humanos, quedaron rezagadas en el proceso de cambio. Los ciudadanos no confían en ellas, las perciben hostiles, lejanas a sus realidades e intereses y reproductoras de discriminación", señala el informe presentado en la mañana de hoy en el Banco Central de Bolivia.

La GIEI recomendó que se garantice la independencia del poder judicial a través de cambios en los sistemas de designación y estabilidad profesional de jueces y fiscales, que deben ser seleccionados mediante convocatorias públicas, procesos transparentes y criterios objetivos de mérito, por fuera de simpatías partidarias.

El Grupo Interdiciplinario también observó el uso excesivo de la detención preventiva, planteó que debe reducir el uso recurrente y casi preestablecido de la prisión preventiva para las personas investigadas, y que los derechos de las personas privadas de libertad en el sistema carcelario deben ser atendidos con la mayor urgencia para eliminar las prácticas abusivas que caracterizan a todo el circuito penitenciario.

En el informe de GIEI se identificó algunos caso dramáticos y denigrantes de la dignidad humana que implican la comisión de delitos de violencia sexual y de género. En el documento se da cuenta del caso de una mujer que habría relatado que "el 15 de noviembre de 2019, aproximadamente a las 16:00 hrs, estaba participando en una marcha por la defensa de la elección, así como por la exigencia del respeto a la wiphala y a la mujer de pollera".

Circunstancia en "la policía comenzó a lanzar gases lacrimógenos en la calle Sucre cerca de la FELCC. Por efecto de la gasificación, ella se mareó. Sin embargo, fue detenida por cinco agentes que la arrinconaron y la golpearon en el estómago. Posteriormente, fue insultada de “puta masista” y amenazada de muerte y de violación sexual. Durante la detención, ella no pudo contener su orina y necesidades fisiológicas, pero se le impidió cambiar su ropa", relata GIEI.

Es por ello que entre sus recomendaciones el Grupo Interdisciplinario recomienda "Que el Ministerio Público incluya en su estrategia de priorización de investigación los hechos de violencia sexual y otros cometidos por razón de género, tales como los documentados en este informe, y asegure que los operadores de justicia involucrados en estos casos tengan conocimiento especializado, actúen con la debida diligencia y prioricen el bienestar y la protección de la víctima".

El GIEI también menciona, que las manifestaciones de protesta y bloqueos no ocurrieron de modo inesperado, sino fueron promovidos con discursos antagónicos de líderes reconocidos y por decisiones políticas y acciones que socavaron la credibilidad en las instituciones y desconocieron acuerdos esenciales para el ejercicio de la democracia.

"En el marco de la polarización social y política que se profundizaba, se apeló a la identidad étnica como criterio que señalaba la pertenencia o no a la sociedad boliviana. Las adhesiones políticas fueron peligrosamente racializadas y, en momentos trascendentes de la vida de Bolivia, pretendieron ser usadas como factor de exclusión de los espacios institucionales. La violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas, incluyendo a las mujeres indígenas que fueron especialmente atacadas en esa época, debe ser reconocida y los responsables, sancionados".

El Grupo Interdisciplinario ve una grave deficiencia en la falta de independencia del poder judicial, por lo que recomienda al Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), por lo que recomienda dos acciones fundamentales:

Primero, "garantizar la independencia del sistema de justicia, lo cual incluye que las autoridades políticas se abstengan de pronunciarse sobre investigaciones y procesos penales en curso o que estén por iniciarse, así como garantizar los recursos presupuestarios suficientes y permanentes para el adecuado funcionamiento de los órganos de justicia".

Segundo, "garantizar la independencia funcional y externa, y la estabilidad profesional de los jueces, juezas y fiscales. Lo anterior implica cesar la práctica de contratación en régimen provisional de estos profesionales. Asimismo, deben ser seleccionadas/os mediante convocatorias públicas y procesos transparentes, de acuerdo con criterios objetivos de mérito y de manera absolutamente independiente de motivaciones político-partidarias".

El GIEI también detectó la recurrencia de la tortura en las prácticas habituales de las fuerzas del orden de Bolivia, por lo que recomienda al Gobierno "promover la erradicación de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos o degradantes en la investigación criminal y en el sistema penitenciario".

El Grupo Interdisciplinario "asegurar el respeto estricto de los derechos de las personas privadas de libertad en el sistema carcelario y penitenciario, eliminando prácticas abusivas referidas, entre otras, a la alimentación, la habitación, la salud y el régimen de visitas".

En otros acápites importantes, el GIEI recomienda a la Fiscalía revisar todos los casos que fueron cerrados basados en el Decreto de amnistía e indulto del gobierno de Luis Arce Catacora. El Grupo Interdisciplinario observó las irregularidades incurridas por la Fiscalía en el cierre de los caso de investigación referidas a la quema de las casas de Waldo Albarracín y Casimira Lema.

"Que el Ministerio Público realice una revisión escrupulosa de todos los casos en curso o cerrados, examinando las líneas de investigación y la conformidad con los principios de debida diligencia y debido proceso. Se recomienda que, con base en este análisis, se determinen cuáles casos con denuncias rechazadas, archivados o sobreseídos deben ser reactivados, así como cuáles actos deben ser anulados o corregidos por haber implicado vulneraciones a los derechos de las personas imputadas y procesadas".

El Informe de GIEI también abordó las sistemáticas vulneraciones de los derechos de los periodistas. Desde agresiones físicas, psicológica con el fin de amedrentar para silencias las voces disidentes, se menciona en el documento.

"Reforzar las garantías institucionales, administrativas y judiciales para proteger la libertad de prensa y el ejercicio libre y seguro de la actividad periodística, para prevenir atentados contra la libertad de prensa sobre las personas o sobre los bienes y edificaciones de los medios, y, en caso de concretarse violaciones y daños, para garantizar la investigación y el juzgamiento de los responsables, y la reparación de las víctimas", recomienda el GIEI.

"Crear una instancia no estatal para brindar apoyo y asistencia jurídica, administrativa y psicológica a periodistas cuyos derechos están en riesgo de ser vulnerados", se acota en el documento.

Causa y Efecto de la crisis social y política del año 2019

Pese al contexto reseñado en la parte referida a los "Antecedentes", el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), no tuvo la capacidad de identificar en su conclusiones a los verdaderos responsables que han originado las muertes, enfrentamientos y vulneraciones de los derechos humanos que han tenido su máxima expresión en la crisis social y política de fines del año 2019.

A partir de la página 18 de su Informe, el GIEI inicia presentado el 'origen' de la crisis social y política que desembocó en los enfrentamientos con muertes en los meses se septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019. Pese a que el Grupo Interdisciplinario tuvo la capacidad de identificar dónde se originó la crisis social boliviano, sin embargo no tuvo la capacidad de establecer responsabilidades en el o los actores políticos que ocasionaron las tragedias en Bolivia el 2019.

El GIEI realizó un resumen detallado del proceso que siguió Evo Morales Ayma y el Movimiento al Socialismo (MAS) para forzar su reelección indefinida en la Presidencia. En el documento se menciona lo que constituye la primera violación a la nueva Constitución Política del Estado (CPE).

"En febrero de 2013, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó el proyecto de 'Ley de Aplicación Normativa' para dar alcance interpretativo, entre otros, a los mencionados preceptos del artículo 168 de la Constitución y Disposición Transitoria Primera. 2 Por solicitud de la Cámara de Senadores de la Asamblea, dicho proyecto de ley se sometió a control previo de constitucionalidad. El 25 de abril de 2013, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) aprobó el proyecto de ley, argumentando que era 'acorde con la Constitución, realizar el cómputo del plazo para el ejercicio de funciones tanto del Presidente como del Vicepresidente [...] desde el momento en el cual la función constituyente refundó el Estado y por ende creó un nuevo orden jurídico-político'. 3 Con ello habilitó a Evo Morales a postularse para un tercer mandato presidencial", se resume en el Informe.

El documento se refiere a la referendo vinculante del 21 de febrero del 2016, promovido por Evo Morales en su tercer mandato presidencial. El GIEI también asume conocimiento de que esa consulta popular rechazó por 51,30% de los votos la reelección indefinida de Evo Morales.

"Pese a que con anterioridad a la convocatoria del referendo, el presidente Morales había señalado que en caso de perderlo aceptaría los resultados, e inmediatamente después de conocidos estos, había reafirmado que los respetaría, en septiembre de 2017, senadores y diputados del partido de Gobierno presentaron una acción de inconstitucionalidad abstracta contra preceptos de la ley del régimen electoral, argumentando que el impedimento que contenían de no autorizar más que una reelección continua para todas las autoridades elegidas democráticamente limitaba indebidamente los derechos políticos", recopiló el GIEI, sobre los compromisos incumplidos de Evo Morales.

En los siguiente párrafos, el GIEI documenta todas las acciones ilegales e inconstitucionales emprendidas por Evo Morales y el MAS, junto a los miembros del Tribunal Constitucional elegidos por su partido.

"El 28 de noviembre del mismo año, apenas dos meses después de presentada la acción, el Tribunal emitió la Sentencia Constitucional 0084/2017, por la cual se declaró procedente la demanda interpuesta para posibilitar la reelección indefinida de todas las autoridades de elección popular. En sus fundamentos, el Tribunal Constitucional recurrió a la interpretación del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), señalando que, bajo la aplicación del control de convencionalidad, el derecho a participar en las elecciones, en tanto es un derecho humano protegido por la Convención, debe prevalecer por sobre las normas del derecho interno. Esta norma no ha sido objeto de decisiones jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), aunque en 2021 se encuentra en trámite una Opinión Consultiva precisamente sobre si la limitación de mandatos electivos es compatible con el art. 23", se señala en el informe.

En ese contexto, el GIEI asumió conocimiento que "La decisión del Tribunal Constitucional generó intensas reacciones sociales y políticas. Tanto los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga como el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas criticaron el fallo del Tribunal y el desconocimiento de los resultados del referendo constitucional. Por su parte, en los siguientes meses, diversos movimientos sociales promovieron marchas para expresar su oposición a la reelección indefinida y llamar al respeto de los resultados del referendo constitucional del 21 de febrero".

Pese a todas estos antecedentes incluidos en su "Informe Final," el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) no tuvo la capacidad de recomendar acciones y elaborar el listado de delitos y violaciones de la Constitución Política del Estado cometidos por el entonces presidente Evo Morales Ayma y algunos miembros de su partido políticos.

GPA/ja

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