TIERRA NOTICIAS. Después de siete meses de haberse presentado la solicitud, recién la semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó no otorgar medidas cautelares al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el violento operativo militar y policial en el que fue detenido dicha autoridad.

“Tengo el honor de dirigirme a usted en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación con el asunto de referencia. Tras haber analizado la información aportada por las partes al día de la fecha, la Comisión ha considerado oportuno no otorgar medidas cautelares y cerrar el expediente de la presente solicitud, al no cumplirse los requisitos del artículo 25 del Reglamento”, dice la misiva firmada por Fernanda dos Anjos enviada a la Cancillería boliviana a nombre de la CIDH en fecha 28 de julio.

Tras la captura ejecutada en contra del Gobernador cruceño por el Gobierno de Luis Arce el 28 de diciembre de 2022, la senadora de Creemos, Centa Rek López y otros parlamentarios presentaron a la CIDH una solicitud de medidas cautelares en favor de Luis Fernando Camacho por “desconocimiento de su situación durante las primeras horas de detención” y por la “violencia durante la misma, así como presuntas torturas o tratos crueles, y falta de atención médica”.

En ese contexto, el 4 de enero de 2023, en cumplimiento del artículo 25 del Reglamento de la CIDH, esta Comisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) solicitó al mismo Gobierno de Luis Arce, autor de las supuestas violaciones de los derechos de Camacho, la “información que considere oportuna sobre el caso”.

La CIDH solicitóº informar sobre las condiciones de detención de Camacho, sobre la situación de salud y las atenciones médicas que estaría recibiendo; de ser el caso, precisar en qué consistiría y el soporte documentario pertinente, información sobre la autoridad que habría practicado la detención; la autoridad que emitió la orden de detención, la fundamentación para la aprehensión y un resumen de las citaciones y comparecencias previas de dicha persona, en el marco de este proceso.

en el Estado Plurinacional de Bolivia, fue presentada por la senadora Centa Rek López y otros, luego de la aprehensión de éste el 28 de diciembre de 2022, en virtud a que no se presentó a brindar declaraciones por un proceso sobre su participación en el presunto golpe de Estado de 2019.

quien cumple detención preventiva en el penal de Chonchocoro, y cerró el expediente de la petición. La solicitud la realizó un grupo de legisladores de Creemos tras su aprehensión en diciembre de 2022.

El órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) informó su decisión en una carta dirigida al canciller de Bolivia, Rogelio Mayta.

Los legisladores de Creemos alegaron “desconocimiento de su situación durante las primeras horas de detención” y que hubo “violencia durante la misma, así como presuntas torturas o tratos crueles, y falta de atención médica”.

En cumplimiento del artículo 25 del Reglamento de la CIDH, el órgano solicitó al Gobierno boliviano, el 4 de enero de 2023, la “información que considere oportuna sobre el caso”.

Se solicitó al Gobierno de Arce informar sobre las condiciones de detención de Camacho, sobre la situación de salud y las atenciones médicas que estaría recibiendo; de ser el caso, precisar en qué consistiría y el soporte documentario pertinente, información sobre la autoridad que habría practicado la detención; la autoridad que emitió la orden de detención, la fundamentación para la aprehensión y un resumen de las citaciones y comparecencias previas de dicha persona, en el marco de este proceso.

Además, requirió “informar sobre el lugar o lugares a los que fue trasladado el señor Camacho con posterioridad a su detención”, las “medidas adoptadas para garantizar el acceso del señor Camacho y su defensa técnica a dependencias del sistema de justicia para la interposición de recursos y presentación de acciones constitucionales respecto de su detención y las circunstancias en que se encontraría”.

El gobierno de Luis Arce respondió a la CIDH el 13 de enero.

Des esta forma, con un único relato, el que corresponde al gobierno bolivianos haciendo el papel de juez y parte de la detención de Camacho y sin recurrir a una fuente independiente, la CIDH concluyó siete meses después, que la solicitud de la senadora Rek no cumplió “los requisitos del artículo 25 del Reglamento”, el que refiere que las medidas cautelares se aplican en “caso de gravedad y urgencia” y “para evitar daños irreparables a las personas”.

En la carta firmada por Fernanda dos Anjos por autorización de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, dice que la “CIDH continuará el monitoreo de la situación por la Relatoría de País”.

“Esta decisión en todo caso no afecta las obligaciones que el Estado sigue teniendo respecto de las personas que puedan encontrarse en una situación de riesgo, conforme a los estándares internacionales aplicables. Igualmente, la Comisión podrá volver a examinar otra solicitud de medidas cautelares, de presentarse hechos nuevos, sin perjuicio de los demás mecanismos de monitoreo de los que dispone, conforme a sus atribuciones”, concluye dicha carta.

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