TIERRA NOTICIAS. El diputado de Unidad Demócrata (UD), Tomas Monasterio, pidió hoy (30.06.2020), a la justicia revocar la detención domiciliaria de Carlos Romero, tomando en cuenta que, desde la cárcel de San Pedro, hizo llamadas a los principales sospechosos en la compra irregular de 170 respiradores españoles.

"Carlos Romero, estando preso, estando en su detención preventiva, habría realizado un sin fin de llamadas con todos los actores vinculados a la compra de estos respiradores", afirmó Monasterio.

El legislador se refirió al tema, luego de que el exministro de Gobierno, Carlos Romero (MAS), abandonara la cárcel de San Pedro de La Paz, para cumplir detención domiciliaria, luego de que la justicia aceptara la sustitución de fianza de Bs 350.000, por una "garantía real".

La determinación judicial permite que Romero cumpla las medidas cautelares en su domicilio, mientras transcurran las investigaciones por el caso de presunta corrupción en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN).

En 2019, Romero fue imputado por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, debido a que en su calidad Ministro habría participado en procesos de licitación, presuntamente irregulares, que hizo la UELINC a un consorcio de empresas para labores de mantenimiento de aviones y helicópteros de los "Diablos Negros y Diablos Rojos", entre 2013 y 2018.

No obstante, el diputado Monasterio sostuvo que Romero no solo debe responder por las irregularidades en el caso UELINC, sino también por su participación en la compra irregular de respiradores españoles, ya que un estudio pericial forense lo vinculó con los principales acusados en ese proceso, incluso, desde su estadía en la cárcel.

El 25 de junio, la Policía presentó un estudio forense de los celulares de los principales acusados en el "caso respiradores", como Luis Fernando Humérez y Fernando Valenzuela, quienes se comunicaron, mediante llamadas y Whatsapp, con altos dirigentes del MAS y exautoridades de Gobierno, como Evo Morales, Gabriela Montaño y Carlos Romero.

En ese sentido, Monasterio consideró que el Ministerio Público y el Órgano Judicial tienen la obligación de revocar las medidas sustitutivas a la detención preventiva de Romero, y ordenar inmediatamente que continúe en el penal de San Pedro.

"Encima que (Romero) estaba con detención preventiva en un penal, tenia acceso a un teléfono celular, esto constituye un alto riesgo procesal, esto constituye un riesgo de obstaculización", remarcó Monasterio.