TIERRA NOTICIAS. El Decreto Supremo (DS) 5516 que abroga el 5503, contiene 32 artículos que ratifican la eliminación de la subvención en los hidrocarburos y la nueva política de precios de los combustibles, eleva el salario mínimo nacional, incrementa el monto de los montos de los bonos sociales y establece un nuevo esquema de diferimiento de créditos para vivienda social y pequeños productores.

"El presente decreto supremo tiene por objeto: a) estabilizar los precios de los productos derivados del petróleo, con excepción del gas licuado de petróleo, destinados al mercado interno en el marco de la sostenibilidad fiscal, la equidad social y la eficiencia económica. b) Establecer medidas sociales C) incrementar el salario mínimo nacional", señala el documento.

El artículo 23 del decreto 5516 "dispone la congelación del incremento salarial en el sector público para la gestión 2026, exceptuándose únicamente los ascensos de escalafón establecidos en normativa vigente, correspondiente a los sectores de salud, magisterio fiscal, miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana".

El Decreto aprobada el domingo 11 de enero, abroga los DS 5503 y DS 5484 y consolida el cambio del modelo económico de los 20 años del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales y Luis Arce Catacora, que desangraron la economía del Estado boliviano y marca el hito del giro hacia una nueva política económica hacia la estabilización con fuerte componente social.

La normativa se validó en mesas de diálogo en medio de protestas sociales y bloqueos de caminos. La última negociación se realizó con la COB hasta las tres de la madrugada de este mismo martes.

El DS 5516 es el resultado de las reuniones sostenidas por el gobierno de Rodrigo Paz con dirigentes sindicales. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, explicó que el resto de las disposiciones establecidas en diciembre en el DS 5503 serán gestionadas ante la Asamblea Legislativa en forma de leyes, en consenso con las fuerzas políticas del país.

El DS 5516 elimina la subvención a los hidrocarburos y fija nueva escala de precios del combustible para el consumidor, manteniendo el precio del GLP, que mantiene su precio subvencionado en Bs 22,50. La gasolina especial queda en Bs 6,96 por litro y el diésel en Bs 9,80, mientras que la gasolina premium sube a Bs 11.

Esta norma también mantiene invariable el precio del Gas Natural Vehicular (GNV) en Bs 2,73 por metro cúbico, con incentivos para la conversión de vehículos y la reposición de cilindros, reforzando la política de transición energética.

El Decreto establece el Salario Mínimo Nacional para el sector público y privado en Bs 3.300 (incremento del 20%), el aumento rige desde el 1 de enero de 2026.

La norma ratifica la negociación salarial entre empleadores y trabajadores, sin embargo, el salario mínimo es inderogable y cualquier acuerdo que implique renuncia de derechos laborales será nulo. Prohíben nuevas contrataciones en el sector público, salvo en salud, educación, Fuerzas Armadas y Policía.

El artículo 23 del decreto 5516 "dispone la congelación del incremento salarial en el sector público para la gestión 2026, exceptuándose únicamente los ascensos de escalafón establecidos en normativa vigente, correspondiente a los sectores de salud, magisterio fiscal, miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana".

El nuevo Decreto incrementa Bono Juancito Pinto de Bs 200 a Bs 300; también eleva la Renta Dignidad de Bs 350 a Bs 500 para adultos mayores sin jubilación. Además, se crea el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), una transferencia monetaria temporal dirigida a hogares vulnerables. El PEPE pagará Bs 150 mensuales.

Hasta el 31 de diciembre de 2026, el Gobierno reduce a 0% el gravamen arancelario para la importación de maquinaria, equipos y repuestos destinados a sectores estratégicos como alimentos, agroindustria, textil, metalurgia, minería y transporte.

El decreto reglamenta el diferimiento de créditos previsto en la Ley 1670. Los prestatarios de vivienda social y micro y pequeñas empresas podrán solicitar la postergación de hasta seis meses en el pago de capital, intereses y seguros.

El diferimiento no implica condonación: los montos se redistribuirán durante la vigencia del crédito, sin penalizaciones ni afectación a la calificación crediticia. La medida solo podrá aplicarse una vez por prestatario y requiere solicitud expresa.

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