TIERRA NOTICIAS. La presidenta Jeanine Áñez y el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, presentaron hoy (04.12.2019) la resolución ministerial 140, que crea el Comité Interinstitucional de Defensa a las Víctimas de Injusticia por motivos Políticos e Ideológicos, durante los 14 años de Gobierno del expresidente Evo Morales.

"Nuestro Gobierno ha determinado crear este Comité Interinstitucional de Defensa a las Víctimas de Injusticia por motivos Políticos e Ideológicos de los últimos 14 años, dejando claro que no se atenderán delitos comunes, de lesa humanidad y tampoco de narcotráfico", dijo Áñez.

La mandataria instruyó que todos los casos que reciba ese comité a partir de la fecha, deben ser atendidos con celeridad y con pleno respeto a la normativa, por lo cual pidió "mucha responsabilidad, coherencia y seriedad".

"Cada caso será analizado debidamente y de acuerdo al respeto de las leyes bolivianas. Es una medida histórica", dijo la jefa de Estado y agregó que su Gobierno realiza un trabajo conjunto con el Órgano Judicial y el Ministerio Público para que los exiliados políticos de los últimos 14 años retornen al país.

El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, aclaró que el Comité Interinstitucional de Defensa a las Víctimas de Injusticia por motivos Políticos no busca la impunidad, sino un proceso judicial transparente para unos 1.300 exiliados durante el Gobierno del expresidente Evo Morales.

"Este comité no está creado para crear impunidad en ningún caso, lo que sí vamos a restablecer son las garantías constitucionales (...). Vamos a trabajar de manera coordinada con el Tribunal Constitucional, que es al final de cuentas quien tiene que restablecer los derechos fundamentales de la gente que ha sido perseguida política en estos últimos 14 años", dijo a los periodistas.

Ese comité está compuesto por el Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima y el Servicio para la Prevención de la Tortura.

Esas cinco entidades del Ministerio de Justicia harán un relevamiento de la información y denuncias que realicen las personas que crean que han sido perseguidos políticos en los últimos 14 años.

"Tenemos 30 días para hacer el relevamiento de información en base a las denuncias que la gente pueda realizar con un formulario que va estar en las representaciones (diplomáticas del país). Luego tenemos 20 días para elaborar un informe caso por caso para establecer si existen o no violaciones a los derechos y cuáles son las acciones judiciales a seguir", explicó Coímbra.

La autoridad añadió que ese trabajo se realizará en coordinación con el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia, y no descartó el acompañamiento de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo.

Aquellos casos en los que no se establezcan violaciones a los derechos humanos o al debido proceso, deberán seguir su curso regular.

"Quiero dejarlo claro, no hay amnistía, no hay perdón para nadie. Lo que vamos a hacer es revisar procesos en bases a un relevamiento de información y establecer si corresponde garantías constitucionales para que nuestros ciudadanos puedan tener un debido proceso con derecho a la defensa", señaló.

El ministro también aclaró que el nuevo comité interinstitucional no tratará casos relacionados con delitos comunes, el narcotráfico y de lesa humanidad, este último en referencia al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, asilado en Estados Unidos.

En el caso del expresidente Evo Morales, asilado en México, dijo que "él no es un perseguido político (...) y él puede volver y someterse a sus procesos como cualquier ciudadano".

El Ministro de Justicia manifestó que los exiliados políticos a partir de la fecha cuentan con las garantías constitucionales para retornar al país y regularizar su situación jurídica.

"Nosotros estamos trabajando junto al Ministerio Público y al órgano Judicial para que se levanten las órdenes de apremio, tanto por inicio de investigación, por acusación o por sentencia, para que estas personas a las que se les ha violado su derecho a la defensa lleguen (al país) y puedan asumir su defensa con todas las garantías constitucionales", mencionó.