TIERRA NOTICIAS. Desde la Gobernación de Santa Cruz, el secretario departamental de Justicia, Efraín Suárez, demandó al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dejar de ser vocero de los grupos criminales que distribuyen amenazas públicamente contra el gobernador Fernando Camacho.

“El Ministro tiene la obligación de prestar seguridad no solo al gobernador Luis Fernando Camacho, sino a todos los ciudadanos de este país. No puede ni debe convertirse en vocero de grupos irregulares ni andar corriendo amenazas de forma pública”, aseveró Suárez, según consigna El Deber.

Del Castillo, reveló que existen grupos de personas contra la vida del Gobernador del departamento de Santa Cruz, a dos días de su viaje a la Sede de Gobierno afín de presentar su declaración informativa dentro del proceso impulsado por el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), con la teoría del golpe de Estado.

"Existiría un grupo de personas que quisieran atentar contra la integridad de Luis Fernando Camacho”, manifestó Del Castillo a tiempo de anticipar que desplegarán “todos los operativos de inteligencia para evitar que esto suceda”.

Por esas declaraciones, el Secretario de Justicia de la Gobernación cruceña descalificó al Ministro de Gobierno como “irresponsables” y una “afrenta” contra el departamento de Santa Cruz. “Está generando un clima de violencia verbal, que puede conducir a más violencia y, sobre todo, atentar contra la vida del gobernador Luis Fernando Camacho Vaca”, señaló.

Camacho es procesado, por denuncia de la exdiputada del MAS, Lidia Patty, por haber encabezado las movilizaciones cívicas en en su condición de presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz el año 2019 en contra del régimen de Evo Morales Ayma, que había emprendido su proceso para ejecutar una reelección indefinida como Presidente de Bolivia.

Las protestas sociales se encuentran protegidas por la Constitución boliviana y el sistema interamericano, según Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Informe 2019).

Aquí se utiliza indistintamente “protesta social” o “manifestaciones públicas” para referirse a toda acción individual o colectiva dirigida a expresar ideas, visiones o valores, oposición, denuncia, abuso de poder o reivindicaciones políticas, sociales o culturales, apoyo o crítica al propio Gobierno, la reacción a una política o la denuncia de un problema público.

El derecho a la libre manifestación y a la protesta pacífica son elementos esenciales del funcionamiento y la existencia misma del sistema democrático, así como un canal que permite a las personas y a distintos grupos de la sociedad expresar sus demandas, disentir y reclamar respecto al Gobierno, a su situación particular y cumplimiento a los derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

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