TIERRA NOTICIAS. El secretario jurídico de la Gobernación de Chuquisaca, Armín Cortez, informó el viernes, que ante el estudio técnico de la consultora Sproule International Limited, que estable que el 100 por ciento de los campos gasíferos Incahuasi y Aquío están en territorio de Santa Cruz, recurrirán a acciones legales para hacer prevalecer la sentencia constitucional 11/60.

"Si no somos escuchados y se emite nuevamente una decisión por YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) en ese sentido, nuevamente accionaremos mecanismos legales", señaló en conferencia de prensa.

Cortez recordó que al no ser atendidos en la vía administrativa por el ex presidente de YPFB, Guillermo Achá, la Gobernación de Chuquisaca interpuso una acción de amparo constitucional y el resultado fue la sentencia constitucional 11/60 que obligó a congelar el pago de regalías del campo Incahuasi.

Asimismo, precisó que recientemente presentaron un recurso de queja ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en contra del juez de garantías de Santa Cruz, Alberto Guzmán, quien ordenó el descongelamiento de regalías de Incahuasi a favor de Santa Cruz.
En ese recurso de queja conmine a YPFB a que mientras no se determina los límites de la serranía de Incahuasi, no puede descongelar las cuentas de regalías.

"Se está vulnerando el debido proceso", agregó.

Por su parte, el secretario de Hidrocarburos, Energía y Minería de la Gobernación de Chuquisaca, Felipe Molina, dijo que la secretaría jurídica no fue notificada con los antecedentes del estudio técnico, que seguramente será recibido en las siguientes horas para realizar las respectivas observaciones técnicas fundamentadas.

Sin embargo, indicó que el 4 de mayo realizaron la primera observación al estudio de la Sproule International Limited, relacionadas en el incumplimiento del acceso de la información irrestricta en el marco del artículo 9 del Reglamento de Campos Límites y otra referida a límites.

Finalmente dijo que estas observaciones técnicas y queja formal ante YPFB estará a cargo de un equipo de ocho profesionales entre ingenieros y abogados especialistas, acreditados de las instituciones que representan al departamento.