TIERRA NOTICIAS. El gobernador de Tarija, Adrián Oliva, desahució hoy (04.04.2019) la posibilidad de que las petroleras logren explorar y explotar hidrocarburos en la Reserva de Flora y Fauna de Tariquía, frente a la férrea oposición de las comunidades que conforman la reserva y de la población tarijeña.

“La población del departamento no acepta la exploración petrolera en Tariquía, no se va dar, a menos que se trate de imponer eso por la fuerza y aún intentando hacerlo por la fuerza no va prosperar la exploración petrolera”, aseveró Oliva en su visita a La Paz.

El Gobernador tarijeño cuestionó al ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, por haber señalado que sólo habría una afectación del 0.014% del total del área de la Reserva de Tariquía, cuando en realidad, según Oliva, el daño a la área protegida se estima que alcanzaría al 50% de su territorio total.

“A Tarija se la concibe no como un departamento, sino como un campamento, daría la impresión que cuando se habla de Tarija solo se habla de exploración petrolera y hoy estamos hablando de ese tema porque se quiere tocar el corazón del departamento, y se lo quiere hacer torpemente, de mala manera”, protestó Oliva.

En esa perspectiva, el Gobernador de Tarija Oliva recordó cómo el Gobierno de Evo Morales prometió que, con la Ley de Incentivos Petroleros, Tarija recibiría por cada dólar invertido, 4 dólares de retorno, aspecto que no se cumplió y lejos de ello Tarija sólo ha recuperado la cuarta parte de lo que ha invertido.

“Han pasado 4 años y lo que hemos hecho es recibir la cuarta parte de lo que teníamos, -mencionó Oliva- en vez de crecer por cuatro hemos disminuido en cuatro”, aseveró la autoridad.

Oliva lamentó la forma en la que el Gobierno ha intentado validar el ingreso de  YPFB y Petrobras a la Reserva de flora y fauna de Tariquía utilizando de manera “mañosa” el procedimiento de consulta previa, tratando de dividir a las comunidades y utilizando sólo a los militantes de la línea política del Gobierno para obtener resultados favorables, y llevar con engaños a los comunarios a aceptar decisiones que no comparten.

Ante este panorama, Oliva llamó al Gobierno Nacional a actuar con trasparencia en el tema de Tariquía y no como en el caso de la Ley de Incentivos Petroleros “que con engaños se pretendió imponer ante la población decisiones, no intentemos hacer eso con Tariquía porque eso no suma, solo le resta al Gobierno a avanzar en temas que son estratégicos”, acotó.

“Nosotros como departamento necesitamos un Gobierno que sea amigo de Tarija, que acompañe los esfuerzos que estamos haciendo pero además que ponga los ojos en un departamento que le ha dado mucho al país. Tarija no tiene los mismos ingresos del pasado, no vive la época de la bonanza y necesita un Gobierno que nos colabore”, enfatizó Oliva.

La alarma sobre la 

exploración hidrocarburífera en áreas protegidas sonó en mayo de 2015, cuando el presidente Evo Morales, promulgó el  Decreto Supremo 2366 que autoriza el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en estas áreas.

El Decreto 2366 establece en su primer artículo, que el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos se da en el marco de su “carácter constitucional, estratégico y de interés público para el desarrollo del país; vinculado a la reducción de la extrema pobreza en comunidades que habitan las áreas protegidas y la gestión integral de los sistemas de vida”.

El presidente Evo Morales promulga el 7 de abril de 2018 en Bermejo y a modo de regalo por las efemérides departamentales, la Ley que entrega las áreas en cuestión a petrolera Petrobras.

A fines del pasado año, se entregó las licencias ambientales respectivas a las petroleras que ingresarán a la reserva y a la fecha según lo dicho por el Ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, se han cumplido todos los pasos establecidos en la Ley para el ingreso a reservas y áreas protegidas, sin embargo, a la fecha el Ministro no ha mostrado el documento que respalde la consulta previa, que los comunarios dicen que nunca se realizó, y sólo se trató de una reunión con un grupo de comunarios que no representan a la mayoría de los afectados por la actividad petrolera.

(Agencias)