Viernes, Julio 05, 2019
Política

Informe de la Alta comisionada de la ONU: torturas y 6.800 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela

TIERRA NOTICIAS. En Informe presentado hoy (05.07.219) en Ginebra, por la alta Oficina de Naciones Unidas de Derechos Humanos dirigida por Michelle Bachelet, se denuncia que en la república de Venezuela, el Gobierno de Nicolás Maduro incurrió en “graves vulneraciones de derechos”.

En visita realizada hasta el 21 de junio pasado a Venezuela, la alta comisionada de la ONU logró documentar más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales (asesinatos) por las fuerzas de seguridad venezolanas entre enero de 2018 y mayo de 2019, entre otras violaciones cometidas por el régimen chavista.

La también expresidenta de Chile, enfatizó en que estos delitos de lesa humanidad cometida en contra de ciudadanos venezolanos que no comparte la ideología del Nicolás Maduro, "deben ser investigados a fondo, estableciendo responsabilidades para sus autores, y garantizando su no repetición".

Bachelet también denunció las repetidas informaciones difundidas sobre torturas durante detenciones arbitrarias, siendo emblema de este tipo de violaciones, la muerte del capitán de Marina Rafael Acosta, el domingo 30 de junio, con indicios de haber sido torturado, mientras estuvo bajo custodia de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Nicolás Maduro.

La chilena Bachelet demando el esclarecimiento de las circunstancias en que ha muerto del capitán de Marina venezolano Rafael Acosta la semana pasada, realizando una investigación de forma imparcial y transparente, que permita establecer responsabilidades y su sanción correspondiente para que no vuelva a repetirse.

“El destino de más de 30 millones de venezolanos está en las manos de las autoridades y de su habilidad para poner los derechos humanos por delante de cualquier ambición ideológica o política”, aseveró Bachelet en ocasión de presentar su Informe documentado en Ginebra.

La alta comisionada de la ONU constató que "las instituciones esenciales y el Estado de derecho en Venezuela se han erosionado" y algo mucho más grave fue que verificó que "el ejercicio de las libertades de expresión, asociación, asamblea y participación en la vida (publica) corre peligro de ser castigado con represalias y represión".

Bachelet también constató el uso de la “fuerza excesiva” hasta letal en las movilizaciones sociales que resisten al régimen de Maduro. Sin embargo, lo más grave de sus denuncias tienen que ver con los “ataques” a los opositores y defensores de los derechos humanos en Venezuela.

En el informe de Bachelet se detalla como métodos de esos ataques del Gobierno de Nicolás Maduro, la tortura, violencia sexual, asesinatos, desapariciones forzadas, todos considerados delitos de lesa humanidad, sin embargo también se menciona las detenciones arbitrarias y la desacreditación como técnicas de represión.

Por su lado, desde el régimen de Nicolás Maduro se replica al Informe de la alta comisionada de Naciones Unidas con el argumento de que el documento es sesgado, con errores metodológicos. El viceministro venezolano de Asuntos Exteriores, William Castillo, dijo "Usted sabe que el informe no refleja la realidad de lo que vio en nuestro país".

Venezuela arrastra desde hace más de cinco años una grave crisis políticas, social y económica a la cabeza de Nicolás Maduro. Se estimó hasta febrero pasado que han salido del país a causa de la crisis política y económica, unos 3,4 millones de venezolanos, de los que 2,7 millones se encuentran en otras naciones de América Latina, según informes de la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Es ante esa realidad que las afirmaciones del viceministro venezolano William Castillo cobra sentido, cuando argumentó sus críticas en el hecho de que, de las 558 entrevistas realizadas para la elaboración del Informe de la Oficina de la alta comisionada de ONU, 460 tuvieron lugar fuera de Venezuela. Según Bachelet, que explicó previamente, las entrevistas fueron realizadas con migrantes y refugiados venezolanos actualmente están en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y España.

 
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