TIERRA NOTICIAS. La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), rechazan un nuevo intento del Gobierno de Luis Arce Catacora de penalizar el trabajo del periodismo y demandamos la eliminación del artículo 281 del proyecto de ley 305 que vulnera la Ley de Imprenta.

Los periodistas de Bolivia se declaran en estado de emergencia frente a la consonancia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), de tratar el proyecto de ley 305 “Ley de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos”. La presidenta de la ANPB, Zulema Alanes, demanda la eliminación del artículo 281 de la Ley 305, que sanciones a periodistas que comentan algún delito.

"Hemos tomado la iniciativa, en primer lugar, de enviar una carta al señor David Choquehuanca, como presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la que le hacemos conocer nuestro rechazo en el intento de penalizar el periodismo y demandamos la eliminación del artículo que vulnera la Ley de Imprenta", aseveró Alanes en conferencia de prensa.

En ese contexto, las asociaciones de periodistas envían una carta al presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, en el que se resumen los argumentos jurídicos para que se elimine el artículo 281, que señala sanciones a periodistas que hipotética puedan incurrir algún delito de discriminación o del tipo racial.

“Hemos sustentando jurídicamente y hemos manifestado que esta iniciativa constituye un grave atentado a la libertad de expresión, que es un fundamente esencial de la democracia. No solo afecta al periodismo, sino que afecta un derecho fundamental de la ciudadanía, como es la libertad de expresión”, manifestó la presidenta de la ANPB.

El proyecto de ley 305 elaborado por el Ministerio de Justicia a cargo del abogado Iván Lima, no solo vulnera la libertad de prensa, sino también el derecho universal de la libertad de expresión de cualquier ciudadano residente en este país; el peligro se hace patente en el contexto boliviano, donde jueces y fiscales carecen de independencia del Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).

En esta ocasión, el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Raúl Peñaranda, cuestionó la forma discrecional como está redactada la norma, porque ese "ambigüedad" abre las puertas a cualquier interpretación extra legal para "acallar las voces" de los periodistas.

Peñaranda fustigó este nuevo “intento del Gobierno de acallar las voces, es un nuevo intento de afectar al periodismo. Nuevamente hay penas de cárcel para los periodistas por situaciones que afectan a toda la sociedad boliviana. La manera ambigua como está redactada la norma nos pone a todos en riesgo”, enfatizó

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