El diputado de Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe, inició el viernes un ayuno voluntario para pedir que el Ministerio Público cite a la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, para que declare en el caso del Fondo Indígena, mientras que legisladores oficialistas calificaron la medida de política.

"En este momento, me estoy declarando en huelga de hambre, a partir de ahora vamos a contar hasta cuándo vamos a durar, estamos pidiendo que la citen, (a Nemesia Achacollo) que le convoquen, por lo menos que venga a sacar la lengua a la Fiscalía", dijo mientras se instalaba en ambientes de la Cámara de Diputados.

Quispe dijo que denunció a varios dirigentes por hechos de corrupción, entre ellos Nemesia Achacollo, Felipa Huanca, Rodolfo Machaca, Hilarión Mamani, Ever Choquehuanca, Julián Jala, Juanita Ancieta, Carlos Fuentes, los detenidos preventivos, Marco Antonio Aramayo, Julia Ramos, Damián Condori, Elvira Parra, Melva Hurtado, además del prófugo de la justicia, Daniel Zapata.

Por su parte, la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Mireya Montaño, dijo que esa es una acción política, con miras al referendo constitucional aprobatorio del 21 de febrero.

"Está mediatizando, viniendo a hacer huelgas, hablar del corte de cabello del Presidente, cosas que no tienen sentido son parte de una campaña sucia de la oposición, es una medida política, como no tienen una propuesta establecida, para que los medios los cubran y la gente observe ese tema", dijo.

A su juicio, se debe dejar a las autoridades pertinentes hacer su trabajo y esperar el avance de la investigación.

En tanto, el senador del MAS, René Joaquino, dijo que la actitud de Quispe es "enteramente política", y explicó que el Órgano Judicial es independiente para realizar su trabajo.

"Pretende influenciar en la ciudadanía para que tome una decisión negativa para el 21 de febrero, sin embargo, por principio Constitucional, no podemos obligar, influenciar en otros órganos del Estado, para que actúen de una u otra manera", agregó.

El 21 de febrero los bolivianos asistirán a las urnas para aprobar o rechazar la modificación parcial de la Constitución, que habilitará o no al presidente Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera para las elecciones generales de 2019.