TIERRA NOTICIAS. La diputada de la alianza Libre, Lissa Claros, presentó denuncia penal en la Fiscalía de La Paz contra la exviceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, por hechos de corrupción cometidos en el ejercicio del cargo, en el gobierno de Luis Arce Catacora (2020-2025), del Movimiento al Socialismo (MAS).

"Estamos haciendo el trabajo que Rodrigo Paz no está haciendo, de iniciar los procesos legales. Lo que no podemos hacer es denunciar únicamente y decir que se han robado la plata, pero no iniciar procesos legales", aseveró Claros ante los periodistas en Sede de Gobierno.

La denuncia establece que Alcón utilizó la Fundación en Comunicación Libertad y Democracia (FCLD) para convertirse en propietaria de cuatro frecuencias de radios en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí bajo el nombre de Onda Colectiva.

Según los primeros indicios, inicialmente FCLD fue constituida como "fundación sin fines de lucro", posteriormente la viceministra Alcón habría gestionado irregularmente la modificación de su personalidad jurídica a "fundación comercial" para beneficiarse directamente de contratos publicitarioBens millonarios con empresas estatales como YPFB, habiendo sumando más de Bs. 650.000.

Claros enfatiza que Alcón, aprovechandose de su cargo de Viceministra de Comunicación, logró obtener cuatro licencias de radio de manera irregular, pese a que la normativa de la ATT permite solo una licencia por año. Además, devela que coordinaba con familiares cercanos del presidente Luis Arce Catacora para la asignación de pautas publicitarias, generando un claro conflicto de intereses, en su condición de Viceministra.

Es por estos antecedentes que la diputada Claros exige se investigue a Alcón por los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, en el marco de un presunta uso indebido de su cargo de Viceministra de Comunicación para obtener beneficios económicos.

La parlamentaria también solicitó la alerta migratoria contra Alcón y que todas sus cuentas bancarias sea congeladas, para garantizar la reposición del daño económico al Estado.

La denuncia fue puesta en conocimiento del Ministerio Público, instancia que debe evaluar los elementos presentados y definir las acciones correspondientes conforme a ley en el marco de los plazos procesales.

Tierra Plus

rc / Javier Alanoca

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