TIERRA NOTICIAS. En la noche de hoy (14.03.2021) la juez Noveno de Instrucción en lo Penal de La Paz, Regina Santa Cruz, determina la detención preventiva de la ex presidenta Jeanine Añez en el centro de Orientación Femenino de Obrajes de La Paz.

La determinación de la juez también incluye al exministro de Energía, Rodrigo Guzmán, y el exministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, a ser cumplido en la cárcel de San Pedro por cuatro meses por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo, en el marco del caso golpe de Estado.

“Por tanto, la Jueza Novena de Instrucción en lo Penal, por las facultades conferidas por el Artículo 54, numeral 2 del Código de Procedimiento Penal, dispone y determina que la presente causa se desarrolle con aplicación de la medida cautelar de la detención preventiva para Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo y Álvaro Rodrigo Guzmán Collao en el centro penitenciario de San Pedro, en la sección apartada de los que tienen condena. Para la ciudadana Jeanine Áñez Chávez, en el Centro de Orientación Femenino de Obrajes, de la misma manera, en una sección apartada de las que tienen condena por el lapso de cuatro meses”, determinó la jueza.

Tras la audiencia virtual de cerca a 9 horas, ex Presidenta y los dos ex ministros escucharon la resolución de la juez en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de La Paz, donde permanecen aprehendidos, luego de ser trasladados desde Trinidad en el marco de un operativo policial. La tres ex autoridades denunciaron que no fueron notificados con el proceso judicial y mucho menos fueron citados a declara, tal como establece el procedimiento, lo que conculcaría sus derechos a la defensa.

El relato del grupo de fiscales a la cabeza de Harold Jarandilla hace un corte a la historia que provocó la caída de Evo Morales Ayma al 21 de Febrero de 2019, al día siguiente de las elecciones generales, que derivó en la quema de edificios electorales y la renuncia de Evo Morales a la Presidencia el mismo domingo en que la Organización de Estados Americanos (OEA) revelava su informe de auditoria que establecía graves irregularidades en las elecciones generales del 20 de octubre del 2019.

La defensa de la ex Presidenta Áñez reclamó que los funcionarios del Ministerio Público no tomaron el cuenta que la movilización de la población venía desde los resultados del referendo vinculante del 21 de Febrero del 2016, consulta popular en la que los bolivianos rechazaron la repostulación indefinidad a la Presidencia del señor Evo Morales. Este argumento fue reclamado por el abogado defensor de Jeanine Áñez en la audiencia cautelar.

Según el alegato de la ex Mandataria “en conjunto con la señora Eva Copa se aprobó y promulgamos una ley de convocatoria a elecciones generales (…), producto de ello el señor Arce es presidente”. “Pero ha sido muy recurrente que me quieran tildar de golpista. Un gobierno no puede llamarse golpista cuando funciona la Asamblea Legislativa”, remarcó.

Según el Ministerio Público, hay indicios de que los denunciados están involucrados en actos sediciosos y conspirativos en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz como consecuencia de las elecciones presidenciales de 2019 y la demora de la publicación de los resultados por parte del Órgano Electoral Plurinacional.

La defensa de Áñez cuestionó el relato del grupo de fiscales por no ser “objetiva” y por ser “parcializada” al alinearse con el discurso del partido gobernante, Movimiento al Socialismo (MAS), que había plasmado su versión de los hechos en un libro ‘Golpe de Estado, la historia no contada de una conspiración’, como prueba de que Jeanine Áñez formó parte del grupo de personas que obligó a renunciar a Evo Morales, a García Linera, Salvatierra y Borda, y se proclamó como presidenta. "Usaron presión, coacción, convulsión a la cabeza de Luis Fernando Camacho", dijo la Fiscalía.

El abogado de Áñez, Alaín de Canedo, señaló que "cada persona puede tener su posición en el asunto, lo que observamos de forma fehaciente es que el Ministerio Público tiene una tesis parcializada, y no se tiene visión completa", enfatizó.

Según el grupo de fiscales, supuestamente “estos hechos sediciosos y conspirativos, que fueron concatenados y ordenados, impidieron que la Asamblea Legislativa Plurinacional se reúna y que sus directivas camarales actúen normalmente, más por el contrario, las personas hoy denunciadas comenzaron persecuciones y efectuaron una serie sistemática de amedrentamientos para que autoridades electas constitucionalmente se vean forzadas a renunciar”, según se lee en el documento de ampliación de imputación del Ministerio Público.

El relato de los funcionarios del Ministerio Público añade que “de esta manera posibilitaron que la Segunda Vicepresidenta del Senado (Jeanine Áñez) asumiera la Presidencia de nuestro país de una forma amañada, los hechos de violencia y sedición tenían el propósito de consolidar la imposición ilegal e ilegítima de un nuevo gobierno contrario al orden constitucional, esto a la cabeza de Jeanine Áñez Chavez y un grupo de personas antes de la posesión, entre ellos Álvaro Rodrigo Guzmán Collao y Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo (posteriormente posesionados como ministros).

Sin embargo el relato de los fiscales fue refutado con la revelación hecha por el abogado defensor de Áñez, Alaín de Canedo, quien dijo que el 11 de noviembre se instaló una comisión de facilitadores, "gente representativa de los partidos, pero también estuvieron presentes, la Iglesia Católica a través del monseñor Eugenio Scarpellini, el embajador de la Unión Europea, Naciones Unidas, se procuró una conciliación y paz entre bolivianos", según consigan diario El Deber.

Según la misma fuente, el abogado dijo que la imputación entra en una tesis y no en hechos concretos. Señala que Jeanine Áñez asumió la presidencia de forma amañada y que se autoproclamó presidenta del Senado en la Asamblea y luego como presidenta. Por ello para Canedo "Se basa en el no cumplimiento de los procedimientos. No es una investigación objetiva".

El abogado defensor de Áñez también reclamó que el Ministerio Público no analizó el comunicado del TCP de 12 de noviembre de 2019, que señala que la Sala Plena, conforme a sus atribuciones previstas por la CPE, consideró la grave situación política y social que atravesaba nuestro país, y que por las renuncias del presidente, vicepresidente como presidencias de senadores y diputados, la señora Jeanine Áñez asumió el cargo.

Por otro lado acotó que en la reunión realizada en la UCB, "se manejaban muchos nombres, personalidades para asumir la presidencia. Esta comisión de facilitadores llegan a la conclusión racional de que ésta debía seguir un procedimiento constitucional".

Indicó que el reglamento de Diputados, en el artículo 41 señala como atribuciones de la segunda vicepresidencia reemplazar al presidente o presidenta o primer vicepresidente en caso que estuvieran ausentes por cualquier motivo. Esa norma indica que asume la presidencia del Senado, y por lo tanto, con el comunicado, asume la presidencia del Estado. Hubo una sucesión constitucional por esa norma de Diputados.

Canedo argumento que la presidenta Áñez "pacificó este país. Lo vivimos hasta el presente. Si hubiera sido de facto, no se hubiera aprobado la ley 1266 de 24 de noviembre de 2019 que dejaron sin efecto las elecciones del 20 de octubre, porque hubo una coordinación con la Asamblea Legislativa con dos tercios del MAS”.

Por otro lado, mencionó la aprobación de la ley 1270, de 20 de enero de 2020, dos meses después, Canedo enfatizó que ambas normas fueron aprobadas por diputada del MAS Lidia Patty, contradictoriamente es también la denunciante. El abogado dijo que en esa norma se prorroga el mandato constitucional. "Esta ley tuvo un trámite muy interesante, tuvo una consulta al TCP, y esta instancia emitió una declaración Constitucional de 15 de enero de 2020, tiene 70 páginas, el numeral 6.3.1, dice que ante el vacío de poder generado urge al TCP velar por la garantía y los derechos de los ciudadanos, por lo que corresponde "que el mandato constitucional de la presidenta y de los asambleístas, continúe", puntualizó.

Todos estos argumentos dejan por sentado que "no hay un presidente de Estado que haya tenido mayor reforzamiento constitucional para que asuma la presidencia de Bolivia como la gestión de Jeanine Áñez. Es una audiencia histórica porque hablamos de una ex Presidenta y de dos exministros de Estado. No tendría que darse curso", protestó, porque correspondería un juicio de responsabilidades en caso de ser cierta el relato de los ficales.

GPA/ja