TIERRA NOTICIAS. Después de 17 años de un 'juicio ordinario' ilegal, la Sala Penal Tercera del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) estableció que se vulneró el 'derecho al debido proceso' del exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández Ferreira, respecto a la garantía del 'juez natural'. El exprefecto siempre alegó que se estaba vulnerado sus derechos constitucionales como Prefecto.

Tras esa constatación documental esta Sala Penal determinó la nulidad del proceso ordinario abierto por los hechos violentos ocurridos en el municipio de El Porvenir, Pando, el 11 de septiembre de 2008, y mediante una resolución de Auto Supremo ha dispuesto que el caso sea tramitado por la vía del 'juicio de responsabilidades'.

"Revisando los antecedentes, la Sala Penal concluyó que evidentemente durante el proceso se vulneró el derecho al debido proceso en su componente del Juez natural", asevera el magistrado presidente de la Sala Penal del TSJ, Carlos Ortega. En ese marco, "La Resolución en su parte dispositiva resuelve anular todo el proceso y disponer, en el caso concreto se aplique la Ley 2445 de Juicio de Responsabilidades o Caso de Corte", afirma.

El magistrado explicó que el auto supremo se fundamenta en el precedente vinculante de la Sentencia Constitucional 405/2023-S4, la cual establece que los exprefectos deben ser juzgados por la vía de juicio de responsabilidades cuando los delitos atribuidos se relacionan con el ejercicio de sus funciones.

"Haciendo un antecedente histórico del debido proceso en su componente a la garantía del Juez natural y aplicando la Sentencia Constitucional 405/2023 encontramos que existían hechos fácticos similares y normas jurídicas similares, consiguientemente, en base al principio de igualdad procesal concluimos que es evidente la vulneración alegada", señala.

El proceso contra Fernández se remonta a los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2008, cuando un grupo de campesinos y normalistas marcharon hacia las oficinas del INRA, en Cobija, circunstancia en la que ocasionaron la muerte de dos funcionarios municipales del Porvenir, de las filas del exprefecto Fernández.

Estas dos primeras muertes ocasionaron la indignación y el enojo de los autodenominados 'autonomistas' de las filas del exprefecto de Pando, lo que derivó en un enfrentamiento sangriento en el municipio de El Porvenir, a unos 33 kilómetros de la capital de Pando, lo que dejó 13 campesinos fallecidas en el río, por donde intentaron huir. 

Estos enfrentamientos ocurrieron en el marco de la lucha por las autonomías impulsada por la autodenominada 'media luna', subregión que fue conformada por las prefecturas opositoras al gobierno de Evo Morales: Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. 

Las investigaciones periodísticas posteriores al enfrentamiento permitieron establecer la activa participación del entonces ministro de la Peresidencia, Juan Ramón Quintana en ese complot. Los funcionarios de la exprefectura de Pando denunciaron que Quintana se había reunido con los campesinos y normalistas el 1 y 2 septiembre de 2008 para organizarlos para la toma de la oficinas de la Prefectura pandina. Estas denuncias fueron desoídas por la Justicia boliviana.

Sin embargo, quedó registrado por las cámaras de los canales de televisión locales y nacionales el operativo militar desplegado por el gobierno de Evo Morales, a la cabeza de Quintana y la entonces ministra de Justicia, Susana Rivero, para detener al prefecto Leopoldo Fernández y trasladarlo a La Paz, para su encarcelamiento. Así había empezado la persecución política para desarticular la 'media luna'.

El año 2017, Leopoldo Fernández fue condenado a 15 años de prisión por el delito de homicidio, junto con otras 13 personas. Estuvo en prisión preventiva entre 2008 y 2013 en la cárcel de San Pedro de La Paz, y posteriormente cumplió detención domiciliaria hasta 2019. Y posteriormente retorno a su tierra pandina, de donde había sido secuestrado por Quintana.

Tierra Plus/rc

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