Viernes, Julio 02, 2021
Seguridad & Defensa

Caso Jhiery Fernández: imputan a exfiscal Susana Boyán, el Ministerio Público no pedirá su detención preventiva

TIERRA NOTICIAS. El Ministerio Público en La Paz imputan a la exfiscal Susana Boyán, por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, además de incumplimiento de deberes, en el marco de la 'mala praxis' realizada en la investigación del caso bebé Alexander.

Sin embargo, la Fiscalía no solicitará la detención preventiva en la cárcel para su excolega Boyán, más por el contrario sólo planteará medidas sustitutivas como el arraigo y la presentación de dos garantes personales. Boyán es la segunda funcionaria imputada por este caso, el primero fue Edwin Blanco, quien fue designado como juez, pese al rechazó público.

El médico Jhiery Fernández fue acusado por Boyán y Blanco por violación del bebé Alexander en 2014, sin embargo, evidencias y confesiones de jueces a cargo del caso, permitió desmantelaron la conspiración montada en contra de Fernández por los fiscales Boyán y Blanco.

A pesar de las evidencias existentes en contra, los exfiscales fiscales hoy imputados, continuaron con el caso consiguiendo el 27 de marzo de 2018, una sentencia condenatoria de 20 años de cárcel en contra de Jhiery Fernández, condena que fue dictada por la juez Patricia Pacajes del Tribunal Décimo de Sentencia.

Seis meses después, aproximadamente, se hizo público un audio en el que la propia juez Pacajes confiesa que el médico Fernández es inocente y que la Fiscalía defendió una tesis errónea respecto al abuso sexual. Pese a esa confesión de la juez, el médico fue sentenciado como autor del delito de “violación de infante, niña, niño o adolescente”.

El fiscal Johan Muñoz resumió en la imputación, las irregularidades cometidas por Boyán en la investigación en contra de Fernández, y concluyó que existió una “evidente supresión de las garantías constitucionales del encausado y en desmedro del bien jurídico protegido como es la sana administración pública, el ordenamiento jurídico y los derechos de las personas”.

El 10 de octubre de 2018, Fernández logró salir de la cárcel tras cuatro años de detención en la cárcel de San Pedro. El audio de la juez Patricia Pacajes reveló que se lo había sentenciado sin tener pruebas, lo que profundizó la grave crisis de la justicia boliviana.

Abuso de Poder de los operadores de justicia que están impunes, llevó a la cárcel a un periodista

Por investigar el caso del bebé Alexander, el periodista de El Diario, Carlos Ángel Quisbert Fernández fue detenido y encarcelado en forma ilegal el 15 de marzo del 2015, por acción del abuso de poder de los funcionarios de la Fiscalía en concomitancia con policías y jueces.

Pocas veces un periodista era detenido en Bolivia y sometido a una audiencia cautelar por hacer su trabajo de investigación en el marco del 'fuero' especial como trabajador de la prensa. Quisbert se constituyó en el penal de Calahuma de Viacha para entrevistar a una de las detenidas del caso Alexander, Madeleine Pahe,

El fiscal Rudy Terrazas y la juez Lorena Camacho fueron observados porque utilizaron el artículo 32 de la Ley 004 para inculpar de un delito que está plenamente tipificado para los funcionarios públicos que cometen acciones de corrupción y que éstas van en contra de los intereses del Estado. Lo que fue utilizado como uno de los fundamentos para justificar la ilegalidad en la detención de Quisbert.

César Rojas, abogado de la familia de Quisbert, observó, además, una serie de irregularidades al momento de su aprehensión, como el hecho de que lo mantuvieron incomunicado por varias horas, evadieron que el imputado haya observado que no estaba siendo asistido por su abogado y menos hacerle conocer sus derechos.

A todo ello se suma el procedimiento para notificarlo, así como el imponerle una audiencia cautelar que por norma debía ser suspendida -en cuarto intermedio- luego de rechazarse el asesoramiento de la Defensa Pública y pedir la asistencia de su abogado de confianza, a quien no le dejaron ingresar a las audiencias.

Por esa grave violación de los derechos del periodistas permanecen impunes el entonces fiscal Rudy Terrazas y la juez cautelar de Viacha, Lorena Camacho.

GPA/rc

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