TIERRA NOTICIAS. La Fiscalía General del Estado (FGE) admitió la denuncia por la presunta comisión del delito de prevaricato contra dos exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y una jueza, en el denominado caso Mutualista, informó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo Gómez.

La acción penal fue presentada el lunes por la Unidad de Transparencia del TSJ contra las exautoridades Isidora Jiménez Castro y Petronilo Flores Condori, además de la jueza Mery Yanet Mojica Peña, por presuntas irregularidades en la tramitación del caso.

La denuncia se sustenta en un análisis de los actuados procesales, que derivó en un informe con responsabilidades identificadas y remitido a las autoridades competentes.

“Ya ha sido admitida, después de haber pasado por la Unidad de Análisis de la Fiscalía y actualmente cuenta con inicio de investigación bajo control jurisdiccional de un juez de instrucción en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra”, informó Saucedo.

El caso se origina en la disputa por la titularidad de los predios del mercado Mutualista, en la urbe cruceña, que abarca cerca de cinco hectáreas. El conflicto enfrenta el reclamo de una familia por derecho hereditario frente al dominio público municipal.

La controversia escaló tras una sentencia constitucional de 2024 que favoreció a los particulares y evidenció una presunta falta de regularización del terreno durante cuatro décadas.

De acuerdo con la denuncia, la jueza habría admitido y dado curso a una acción de amparo constitucional sin competencia, debido a que tanto el domicilio del accionante como los hechos en cuestión corresponden a la ciudad de Santa Cruz.

En cuanto a los exmagistrados, Jiménez y Flores suscribieron la sentencia que obliga al municipio cruceño a entregar documentación del mercado a una familia. Saucedo calificó ese fallo como prevaricador, lo que motivó su inclusión en la denuncia.

El titular del TSJ señaló que la admisión del caso abre la etapa preparatoria de investigación, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, con el objetivo de realizar las diligencias correspondientes.

Afirmó que con este proceso se busca sentar un precedente en la administración de justicia.

“Se debe entender que la justicia está cambiando, que no se tolerarán hechos de corrupción ni decisiones orientadas a favorecer de manera irregular intereses particulares, menos aún cuando se trata de bienes de dominio público”, sostuvo.

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