Noticias de Bolivia. La Fiscalía Departamental de La Paz informó el viernes sobre la detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz de Carlo Marvin Ramírez Aramayo, socio de la ex gerente comercial de la empresa china CAMC, Gabriela Zapata, por la presunta comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas; uso indebido de bienes y servicios públicos del Estado, además de uso indebido de influencias y asociación delictuosa, todos en grado de complicidad.

"El Ministerio Público está realizando actuaciones importantes para descubrir la verdad de los hechos vinculados a Zapata, por lo que se ha podido establecer que existen personas vinculadas a hechos irregulares, una de ellas es Ramírez, quien hizo el uso indebido de la Unidad de Gestión Social", señaló el fiscal departamental, Edwin Blanco.

En la audiencia de medidas cautelares, la comisión de fiscales señaló que, de acuerdo a la investigación contra Zapata, por la supuesta comisión de ocho delitos, se determinó que Ramírez ingresaba a las oficinas de Gestión Social para sostener reuniones con la imputada y Cristina Choque, ex titular de esa dependencia estatal.

Se estableció que Ramírez mantenía contacto con Zapata mediante llamadas telefónicas y constantes encuentros, incluso con empresarios.

Ante lo expuesto, la comisión de fiscales demostró que el accionar del imputado se subsume en el tipo penal de asociación delictuosa debido a que desde 2011 hasta 2013 ingresó en reiteradas oportunidades a la Unidad de Gestión Social, algunas veces solo y otras en compañía de Zapata.

Asimismo, de acuerdo con la investigación, Ramírez hacía uso y beneficio personal de esas oficinas para facilitar la comisión de legitimación de ganancias ilícitas y el uso indebido de influencias, entre otros delitos.

En ese marco, los fiscales asignados al caso evidenciaron el riesgo procesal de fuga, porque no existe certeza sobre la existencia de un domicilio, trabajo o familia asentados en el país.

También, se probó que el comportamiento del imputado en el proceso fue reticente, toda vez que el Ministerio Público tuvo que emitir una resolución de aprehensión.

Por otro lado, estableció el riesgo de obstaculización, porque se presume que el imputado en libertad destruirá, ocultará, suprimirá y/o falsificará elementos de prueba por la relación existente entre todos los imputados.