TIERRA NOTICIAS. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), mediante la sentencia constitucional 0076/2023, del 8 de Agosto de 2023, anula todas competencia de la Gobernación de Santa Cruz y de las alcaldías de declara "Unidades de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN), a las áreas protegidas departamentales o Municipales".

La información fue revelada por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en una carta difundida por su asesor, Efraín Suárez. La sentencia del Tribunal Constitucional cercena más de una decena de artículo de la Ley de Conservación del Patrimonio Natural del Departamento de Santa Cruz, del 21 de mayo de 2015.

La sentencia del TCP es emitida a menos de tres meses de concluir el mandato de los actuales tribunos cuestionados por sus erráticos fallos, a lo largo de los últimos seis años. Según el gobernador Camacho, la mencionada sentencia "arrebata" las competencias de la Gobernación sobre su patrimonio natural para pone en manos del gobierno nacional esas competencias en materia de conservación del medioambiente.

"El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha emitido una sentencia que arrebata a la Gobernación y así, a Santa Cruz, la competencia para crear e impulsar políticas en defensa del medioambiente en el departamento. De este modo, la mencionada sentencia pone en manos del centralismo las principales competencias y decisiones que se tomen en Santa Cruz en materia de conservación del medioambiente", señala Camacho en su carta.

Según indica la autoridad departamental crueña, la sentencia constitucional 0076/2023 pone en serio riesgo de existencia para las áreas protegidas departamentales o Municipales, "Humedales del Norte", "Lomas de Arena", "Espejillos", "Santa Cruz la Vieja" de la Chiquitnía, entre otras, cuyas principales amenazas son los avasallamientos promovidos por el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), dentro de la jurisdicción del departamento de Santa Cruz.

Camacho sostiene que la sentencia constitucional 0076/2023, del 8 de Agosto de 2023, resuelve un conflicto de competencias interpuesto el año 2017, entre el nivel central del Estado y el nivel departamental, declarando la nulidad de varios atributos de la Ley de Conservación del Patrimonio Natural de Santa Cruz, Ley Departamental No. 98.

Dicha sentencia declara nulas la facultad del Gobierno departamental (GAD), para delimitar un marco jurídico con el propósito de proteger y conservar un medioambiente. Declara nulo el régimen jurídico para la conservación, protección, creación y gestión efectiva de las UCPN.

Declara nula la facultad de intervención de la Gobernación, en la evaluación del impacto ambiental. Anula la competencia de someter todo plan de asentamiento humano y rural a las limitaciones legales de las UCPN.

Declara nula la integración del Patrimonio Natural Departamental con las Reservas Privadas de Patrimonio Natural (RPPN), Tierras de Protección y las Tierras de Uso Restringido según el Plan de Uso de Suelo (PLUS). Declara nula la prohibición de asentamiento de nuevos grupos humanos, uso y aprovechamiento de recursos naturales dentro de los Santuarios y Parques Naturales Departamentales.

La gobernación de Santa Cruz tenía la competencia de administrar, conservar y proteger un total de 3.295.529,57 hectáreas. El cercenamiento de los artículos de la Ley Departamental No 98, anulan la principal función de la Dirección de Conservación de Patrimonio Natural, la atribución autonómica de gestión y ordenamiento del territorio.

"Este escenario provoca la imposibilidad de Santa Cruz y sus autoridades para emitir criterios técnicos-legales sobre actividades, obras y proyectos (licencias ambientales, Planes de Manejo Forestal, Planes de Ordenamiento Predial, actividades mineras e hidrocarburiferas y de cambio de uso de suelo). Al mismo tiempo, este escenario de desprotección de la naturaleza provocará consecuencias nefastas -como desertificación y falta de agua- para el mantenimiento de la vida equilibrada en nuestro departamento", indica Camacho en su carta.

La sentencia constitucional 0076/2023 violenta el sistema autonómico en el que Bolivia fue encaminado con la última Constitución Política del Estado del año 2009, retrocediendo al país al siglo pasado. Ante la sentencia del Tribunal Constitucional desata el estado de emergencia del departamento de Santa Cruz.

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