TIERRA NOTICIAS. En noviembre de 2019, la segunda vicepresidente de la Cámara de Senadores, Jeanine Áñez Chávez, no actuó con dolo al asumir de forma inmediata la presidencia de Bolivia, sino, amparada por un “estado de necesidad constitucional orientado a preservar la continuidad institucional del Estado boliviano”, afirmó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Así lo establece el Tribunal en su sentencia 011/2025, que, precisamente, ordena la absolución de Áñez de la condena de 10 años que le impuso el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 10 de junio de 2022, por la forma en la que asumió la presidencia de Bolivia el 12 de noviembre de 2019.

“Jeanine Áñez Chávez no actuó con dolo, no lesionó un bien jurídico protegido, y su proceder estuvo amparado por un estado de necesidad constitucional orientado a preservar la continuidad institucional del Estado boliviano”, refiere el documento firmado por los magistrados del TSJ.

Por tanto - agrega el documento - la sentencia condenatoria ejecutoriada adolece de error de subsunción, vulnerando la legalidad penal y falta de fundamentación lógica y fáctica, razones por las cuales la condena resulta incompatible con el principio de culpabilidad y el derecho penal del acto.

Argumentó que se debió valorar el contexto en el que Áñez asumió la presidencia en noviembre de 2019, precedida por protestas sociales activada ante denuncias de fraude en las elecciones de ese año.

Afirmó que los “acontecimientos de noviembre de 2019 configuraron una situación excepcional de vacío de poder y colapso del orden constitucional (renuncia del Presidente, Evo Morles) y Vicepresidente del Estado (Álvaro García Linera) y principales autoridades del Senado y cámara de Diputados), donde las autoridades llamadas a actuar en cumplimiento de su rol social dentro la esfera de su competencia, debieron adoptar decisiones urgentes e inusuales para evitar poner en peligro el Estado Constitucional de Derecho”.

En ese contexto, enfatiza que en tales circunstancias, adquiere plena relevancia la figura del estado de necesidad constitucional, desarrollada por la doctrina constitucional contemporánea, que permite justificar determinadas actuaciones extraordinarias destinadas a preservar la existencia misma del orden democrático, “más allá de la rigurosidad formal de la norma jurídica, que el caso sujeto a análisis, se refleja en el incumplimiento omisivo de reglamentos de la Asamblea Legislativa Plurinacional que ante una situación de protesta y crisis política social, su cumplimiento resulta inexigible”.

Por tanto, sostiene que en ese contexto se pueden considerar válidas las decisiones y legitimidad material sobre el formalismo procedimental de "reglamentos" que regulan el funcionamiento de la Cámara de Senadores y Asamblea Legislativa Plurinacional, en procura de asumir la defensa del sistema normativo y del Estado Constitucional de Derecho.

Como la defensa de Áñez alegó en su momento, la sentencia invoca la Declaración Constitucional 0003/2001, que reconoció la “sucesión inmediata” del entonces vicepresidente Jorge Quiroga ante la renuncia del presidente Hugo Banzer por temas de salud.

“Ese razonamiento es plenamente aplicable al caso de autos”, refiere e insiste que “los actos de Jeanine Añez Chávez se realizaron en un contexto extraordinario de vacío institucional y crisis de Estado, donde su conducta (más que dolosa) respondió a la necesidad de preservar la continuidad del Estado Constitucional de Derecho y evitar un colapso político y social”.

Debido a la pandemia del Covid 19, Áñez prolongó su mandato hasta noviembre de 2020, cuando asumió el nuevo presidente Luis Arce electo en octubre de 2020. Ella fue condenada ilegalmente por un juez ordinario en 2022 a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, tras ser inculpada de una irregular asunción a la presidencia en noviembre de 2019, luego de la renuncia y fuga a México del entonces presidente Evo Morales, acompañado por el exvicepresidente, Álvaro García Linera, en la noche de lunes 11 de noviembre desde el aeropuerto de Chimoré.

Bolivia no tenía Presidente y Vicepresidente desde las 17:00 pm del domingo 10 de noviembre de 2019, momento que marca su renuncia al cargo, hasta las 20:00 pm del martes 12 de noviembre, instante en que Añez asume la Presidencia de Bolivia. En esas 48 horas el país estaba al borde de unfrentamiento civil. La Policía se había declarado rebasada. Las FFAA se negaba a salir a las calles para reforzar la seguridad porque no tenía una orde expresa del Presidente. En El Alto saquearon y quemaron las oficinas de la Policía. En La Paz intentaron saquear tiendas del comercio en la Eloy Salmón y la Huyustus.

 Evo Morales García Linera amenazaba a los habitantes de la ciudad de La Paz con enviar 15 mil alteños para saquear las casas. En los barrios de la zona borte se levantaron barricadas para evitar la llegada de esos 15 mil alteños. Fueron 48 horas de terror que se vivió en La Paz, hasta que Jeanine Añez asumió la Presidencia y ordenó la salida de los militares para reforzar la seguridad. Mientras tanto, Evo Morales, García Linera y Gabriela Montaño habían huido a México en un avión militar de ese país. 

Cabe recalcar que los diputados y senadores del MAS de esa gestión boicotearon la sesión de la Asamblea Legislativa, no asistieron a la plaza Murillo por orden de Evo Morales. Algunas senadoras dijeron que les amenazaron y no les permitieron ingresar a plaza Murillo. Posteriormente se supo que el caos y desorden en Bolivia había sido urdido por Evo Morales y su Gobierno con el fallido objetivo de que la población boliviana exigiera su retorno a la Presidencia. Morales Ayma no contó con la sucesión constitucional de la segunda vicepresidente de la Cámara de Senadores, Jeanine Áñez Chávez, tras la renuncia colectiva del Presidente, Vicepresidente, Presidente del Senado, Presidente de Diputados, autoridades electas en la línea de sucesión.

Además, los bolivianos no olvidan que la caída de Evo Morales es una consecuencia de su fallido intento de PERPETUARSE EN EL GOBIERNO como Presidente, imitando el mal ejemplo de Fidel Castro en Cuba. Para tal propósito Evo Morales convocó a un referéndum el 21 de febrero de 2016, consulta popular que rechazó su reelección indefinida con más del 51% de los votos en las ánforas. Pese a haber perdido el referéndum, Evo Morales logró una ilega habilitación de su candidatura para las elecciones del 2019, con un fallo de los magistrados del Tribunal Constitucional elegidos por el MAS en el Legislativo, con el falso argumento de que la reelección presidencial era un derecho humano de Evo Morales. Evo Morales se había vurlado de los bolivianos al desacatar la voluntad del pueblo expresada en los resultados del referendo del 21F. Agravio que provocó su caida. Evo Morales fue obligado a renunciar por la movilización de la población boliviana porque la OEA constató que se habían hecho fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre de 2019.

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