TIERRA NOTICIAS. En sesión plenaria desarrollada hoy (29.04.2021), el Parlamento Europeo (PE), aprobó una resolución mediante la cual demanda al gobierno de Bolivia la libertad inmediata para la ex presidenta Jeanine Áñez y dejar sin efecto los cargos abiertos contra ella y sus ex ministros por "motivos políticos".

El Parlamento Europeo "denuncia y condena la detención arbitraria e ilegal de la ex presidenta interina Jeanine Añez, de dos de sus ministros y de otros presos políticos; pide a las autoridades bolivianas que los liberen inmediatamente y retiren los cargos por motivos políticos contra ellos”, señala la resolución del PE.

Con el respaldo de 396 votos a favor, 267 en contra y 28 abstenciones, la Resolución Conjunta (RC-244/2021) impulsada por los grupos políticos, populares, liberales y conservadores fue aprobado en el Parlamento Europeo, que incluye a los ex ministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra.

"Se pide un marco de justicia transparente e imparcial, sin presiones políticas, e insta a las autoridades a que presten toda la asistencia médica necesaria para garantizar su bienestar", prosigue el documento, que cuestiona la idoneidad de los integrantes del Poder judicial boliviano.

El Parlamento Europeo asegura que Jeanine Añez "cumplió plenamente con su deber como vicepresidenta segunda del Senado, al colmar el vacío presidencial" que dejó Morales y recordó que el Tribunal Plurinacional de Bolivia respaldó la transferencia de poderes en favor de la expresidenta ahora encarcelada.

La ex presidenta Añez fue encarcelada el 14 de marzo de 2021 por el caso presentado por el Movimiento al Socialismo (MAS), que esgrime la teoría del "golpe de Estado", basado en un denuncia de supuesta conspiración, sedición y terrorismo en la crisis política y social que derivó del informe de auditoria de la OEA sobre las elecciones del 20 e octubre del 2019.

Al final, el Parlamento Europeo piden a la Fiscalía que reabra la investigación sobre la supuesta canalización realizada por el Gobierno de Evo Morales Ayma, de 1,6 millones de dólares de fondos públicos a través de pagos irregulares a la consultora Neurona.

GPA/rc