TIERRA NOTICIAS. Standard & Poor’s (S&P) bajó la calificación de Bolivia de “B-/B” a “CCC+/C” debido a que el Gobierno disminuyó las reservas internacionales líquidas limitadas, maneja altos déficits fiscales y por la escasa transparencia sobre los activos del Banco Central de Bolivia, lo que aumentan los riesgos para el servicio de la deuda.

La calificadora de riesgo internacional argumenta que Bolivia presenta “disminución de las exportaciones, limitadas reservas internacionales líquidas, altos déficits fiscales y una escasa transparencia sobre los activos del Banco Central” y “como resultado, bajamos nuestras calificaciones crediticias soberanas de Bolivia a 'CCC+/C' desde 'B-/B'", señala el informe de S&P.

Hasta el mes de febrero del presente año, según el Banco Central de Bolivia (BCB), las Reservas Internacionales Netas (RIN) eran de $us 3.538 millones; posteriormente, en el mes de abril, el Gobierno disminuyó en $us 380 millones las Reservas, alcanzando un registro total de $us 3.158 millones.

Finalmente, el BCB ya no publicó las cifras de las reservas internacionales líquidas que tenía el país desde entones. La caída de las RIN continuó con la vigencia de la Ley 1503 de Compra de Oro Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales y su Reglamento, ya que entre mayo y agosto, el BCB) había vendido 17 toneladas (t) del oro y solo compró 68 kilos.

Además de todos esos antecedentes, la calificadora de riesgo Standard & Poor’s también argumenta en su informe, que los conflictos políticos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) son otro factor que limita la capacidad del gobierno boliviano para acceder a créditos internacionales.

“El estancamiento político y un Congreso (nacional) divido están limitando el margen de maniobra del gobierno, lo que plantea preguntas sobre su capacidad para garantizar el acceso oportuno a la financiación externa”, sostiene S&P.

La calificadora de riesgo internacional considera que las perspectivas negativas indican los riesgos de una rebaja en los próximos 12 meses si un mayor debilitamiento de la liquidez externa perjudica la capacidad del gobierno para realizar pagos oportunos del servicio de la deuda.

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