TIERRA NOTICIAS. El diputado por Unidad Demócrata (UD), Amilcar Barral, denunció el martes que el desmantelamiento de aeronaves de la empresa AeroSur fue ordenado por el ex gerente de Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Casso.

"Tenemos documentación (que demuestra) que el señor Casso era uno de los que ordenaba que se sacaran piezas de los aviones de AeroSur", sostuvo el diputado Barral, quién junto a sus colegas, Enrique Siles y Claudia Mallón, esta jornada inspeccionaron las naves en el aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba.

Los aviones quedaron en tierra, debido a un proceso judicial instaurado en contra del dueño de Aerosur, Humberto Roca, y ninguna institución, aparentemente, se hace cargo de la custodia de los mismos, refirió Barral.

"Todos estos aviones que estaban en perfecto estado empezaron a aparecer sin partes, repuestos, hoy no tienen nada, los han desarmado, `los han charqueado´, y lo que nos extraña es que dada la seguridad de un aeropuerto, puedan sacar piezas de gran tamaño, como ser turbinas", dijo el diputado.

El legislador aseguró, basado en cálculos preliminares, que el desmantelamiento de los aviones supone una pérdida de aproximadamente treinta millones de dólares para Aerosur.

"Tenemos notas de informes cómo Casso mandaba a gente de Aerosur y BoA para que saquen las piezas y las pongan en aviones de BoA (...) extrajeron piezas de titanio, en resumen, no perdonaron nada", recalcó.

La inspección realizada a las naves de AeroSur en el aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba se efectuó con el fin de denunciar el robo de piezas y el desmantelamiento de aeronaves por instrucción de un exejecutivo de BoA, precisó Barral.

"Si en BoA se fregaba uno de los motores, el Estado, durante el gobierno de Evo Morales, les daba la plata para comprar un motor y ellos venían y sacaban lo motores de Aerosur", declaró a los periodistas en Cochabamba.

Barral señaló que algunas piezas de los aviones de AeroSur, también fueron destinadas a aviones del Transporte Aéreo Militar (TAM) de Fuerza Aérea, incluso a la empresa aérea colombiana Lamia.

El diputado aseguró que existen más involucrados en el desmantelamiento de estas aeronaves, inclusive personal de la anterior gestión del Servicio de Aeropuertos de Bolivia (Sabsa).

Por su parte, Siles señaló que el daño económico, inicialmente, ascendería a $us 34 millones; pero deben continuar las investigaciones ya que, asegura, el monto es mucho mayor porque son 18 aviones afectados y los motores tienen un precio aproximado de $us 300 mil cada uno.

"El monto, por ahora, asciende a los 34 millones de dólares. Eran 14 aviones que estaban en funcionamiento y 4 en reparación y ahora las 18 naves no funcionan", manifestó.