TIERRA NOTICIAS. El Movimiento al Socialismo (MAS) y los parlamentarios afines habilita a cuestionados abogados alineados a ese partido, juristas denunciados por beneficiar a feminicidas, exmagistrados autoprorrogados, vocales identificados como "operadores del Gobierno de Luis Arce", entre los 405 postulantes a magistrados del Órgano Judicial boliviano.

Hoy (07.04.2024) la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), publicó la lista de los postulantes que superaron la etapa de impugnaciones. Del total 405 postulantes habilitados por las comisiones mixtas, 93 corresponden al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), 188 al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 40 habilitados para el Tribunal Agroambiental (TA), y 84 aspirantes al Consejo de la Magistratura (CM).

Según la información recopilada por la organización Veeduría Ciudadana, en la lista de abogados con prácticas observadas graves y de cuestionada reputación -que fueron habilitados por el MAS- figuran los siguientes:

Israel Ramiro Campero Mendez, que fue impugnado por 8 veces por "actos ilegales e incumplimiento de deberes, (por) emitir resoluciones a la CPE y falta de idoneidad y ética". Claudia Castro Dorado impugnado 13 veces, por "cerrar casos a favor del expresidente Evo Morales. Es acusada de anulación de investigación contra exautoridades durante el gobierno de Evo Morales. Es acusada de tráfico y abuso de influencias por su cargo. (Tiene) falta de idoneidad y ética, entre otros" delitos y violaciones a la ley, según información de la Veeduría Ciudadana.

Cinco magistrados y un consejero observados y cuestionados que actualmente ejercen funciones continúan en carrera hacia las elecciones judiciales, tres de ellos del TSJ que impulsaron el recurso que viabilizó la ampliación de mandato indefinido en sus cargos, además de un magistrado del TCP que elaboró el fallo 049/2023 que dispuso la autoprórroga de mandato mientras se elijan a sus sucesores por voto.

Estos magistrados autoprorrogados del TSJ son, Ricardo Torres, José Antonio Revilla (5 impugnaciones) y Olvis Egüez, que aspiran a quedarse otros seis años, esta vez en el TCP, mientras su colega Juan Carlos Berrios apunta al Consejo de la Magistratura. Desde el TCP, el tribuno Yván Espada se repostula al TSJ. En cambio el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina (9 impugnaciones), ahora pretende ser magistrado del TCP.

Entre los habilitados están el exmagistrado del TCP, Zenón Bacarreza que se postula al Consejo de la Magistratura y el 2017 fue uno de los seis tribunos que firmó la sentencia 084/2017 que otorgó a Evo Morales la reelección indefinida. En la lista de abogados cuestionados y observados también están la Fiscal Departamental de Potosí, Roxana Choque Gutierrez, "acusada de favorecer al partido gobernante" MAS, detalla la organización Veeduría Ciudadana.

La abogada Fátima Elva Tardío Quiroga "no cumple el requisito de idioma originario ni experiencia suficiente". Rubén Ramírez Sánchez, "tiene denuncias por incumplimiento de deberes". Betty Sánchez La Fuente, "tiene antecedentes de violencia y es acusada de tener afinidad política con el MAS". Miryam Virginia Aguilar Rodríguez "es acusadas fallos polémicos y faltas disciplinarias graves, por incumplimiento de funciones y falta de idoneidad y ética". Heriberto Verónico Pomier Madariaga "tiene denuncias por actos tipificados y sancionados por emitir resoluciones contrarias a la CPE".

En la lista de cuestionados y observados está Roxana Chávez Rodas, con dos impugnaciones por "incumplimiento del requisito 4 y trabajó como Profesional I en la Cámara de Diputados, en la gestión de Jerges Mercado" del MAS. Andrea Abelina Ajata Larico "tiene sanciones de suspensión de labores temporal. No tiene sentencia ejecutoriada" aún, entre otros abogados mencionados por la Veeduría Ciudadana.

Una vez concluida la etapa de impugnaciones, este 10 de abril empieza la fase de evaluaciones a los candidatos habilitados. Quienes logren una nota igual o mayor a 130 puntos sobre 200 pasarán a la etapa final de preselección, que estará en manos del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

En ese contexto, los postulantes competirán por 200 puntos: 100 puntos comprenden la experiencia profesional, formación académica y producción intelectual; mientras que los restantes 100 están asignados a exámenes de preguntas escritas y respuestas orales.

En la evaluación de la experiencia profesional se disputan 50 puntos: la cátedra universitaria tiene un valor de 5 puntos, el ejercicio profesional 25 – de ocho a quince años 20 puntos y más de quince años 25 puntos–; la función judicial y/o Ministerio Público 18 puntos; la experiencia comprobada como Autoridad Indígena Originario Campesino tiene un valor de dos puntos para el TCP, TSJ y el Tribunal Agroambiental.

La evaluación de la formación académica, donde se consideran los doctorados, maestrías, especialidades y diplomados, es sobre 45 puntos; y producción intelectual, 10 puntos. En el examen de preguntas escritas y respuestas orales, se disputan 100 puntos. Las universidades participan en la elaboración de las preguntas.

El cronograma, de 13 etapas, establece que la fase de evaluación de méritos, considerada la nueve en orden, comenzará mañana 8 de abril y finalizará el 21.

El 10 de marzo cuando se cerró la fase de presentación de postulaciones, los aspirantes eran 715; sin embargo, luego de la revisión de la documentación y del proceso de impugnaciones quedaron 340 postulantes habilitados; posteriormente, en la fase de presentación de recursos de revisión y su resolución, estos subieron a 405, que son quienes ahora deben someterse a la fase de evaluación de méritos.

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