TIERRA NOTICIAS. La Cámara de Diputados aprobó el lunes la Ley 595, que busca fortalecer la implementación de medidas de bioseguridad por parte del Gobierno nacional en centros médicos y su financiamiento mediante recursos propios, donaciones y créditos.

"En el COVID-19 esta Ley pretende sobre todo fortalecer que el Gobierno nacional pueda implementar medidas de seguridad en los centros médicos que han sido identificados para poder atender esta pandemia", informó el presidente de la Cámara Baja, Sergio Choque.

Esa norma establece, entre varias medidas, que está vetado el uso de armas de fuego contra la población, detenciones o arrestos innecesarios y amenazas desproporcionadas.

Sin embargo, las Fuerzas Armadas y la Policía deberán ejercer sus funciones garantizando el cumplimiento de la normativa durante la etapa de emergencia por la pandemia.

"Si bien las Fuerzas Armadas y la Policía nacional deben ejercer control en nuestras calles, en nuestros departamentos y regiones, deben siempre estar en el marco del respeto de los derechos humanos, fundamentalmente que están bajo el paraguas constitucional y dentro del bloque de la declaración de derechos humanos", agregó Choque.

En tanto, la diputada Shirley Franco (UD) afirmó el lunes que el proyecto de ley 595, que coadyuva a regular la emergencia por el COVID-19, aprobado en grande y en detalle por los dos tercios del MAS, en los artículos referidos a la Policía y las FF.AA., busca "amedrentar" a esas instituciones.

"El artículo que han insertado los parlamentarios del Movimiento Al Socialismo tiene una connotación más simbólica y pretende amedrentar a los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas en el ejercicio de sus funciones", afirmó Franco.

La Ley determina, asimismo, que el Gobierno nacional debe garantizar que los establecimientos de salud dependientes del Ministerio del área en todos los departamentos y municipios del país cuenten con equipos de bioseguridad, laboratorios de análisis para la detección del virus, infraestructura y equipamiento para aislamiento de pacientes, respiradores, salas de terapia intensiva y sala de desinfección para el personal.

Según un comunicado institucional, la misma obligatoriedad regirá para los establecimientos de salud dependientes del Subsector de la Seguridad Social de Corto Plazo y en los centros y clínicas privadas.

La ley establece, también, que el Ministerio de Salud, en coordinación con los gobiernos subnacionales, debe dotar de equipos de bioseguridad al personal de salud del subsector público del área urbana, rural y zonas fronterizas, en un plazo máximo de cinco días desde la promulgación de la ley; similares obligaciones tendrán las autoridades de los subsectores de la Seguridad de Corto Plazo y Privado.

Los ministerios de Gobierno y de Defensa deberán dotar de equipo de bioseguridad necesarios al personal policial y militar, al igual que al personal administrativo que se encuentre trabajando.

La norma aprobada también ordena a las Entidades Autónomas Territoriales (ETA) que realicen la desinfección de avenidas, calles, pasajes, callejones, puentes, túneles, mercados, centros de abasto, estaciones policiales integrales, postas policiales, establecimientos de salud, áreas de aislamiento y medios de transporte.

Otro artículo prohíbe los despidos o desvinculaciones injustificadas de los trabajadores del sector privado y servidores públicos durante la cuarentena, hasta dos meses después de levantada la declaratoria de emergencia.

Estipula, además, que el Gobierno nacional informe diariamente sobre la dotación de equipos de bioseguridad, de reactivos, apertura de laboratorios, donaciones, créditos y otra información relevante.