TIERRA NOTICIAS. Con acusaciones de, improvisaciones y objetivos electorales; con observaciones a la sostenibilidad, a la falta de infraestructura, equipamiento y personal médico; y con amenazas de juicio y anuncios de protestas callejeras; hoy (01.03.2019) el Gobierno de Evo Morales implementa su Sistema Único de Salud (SUS), en una parte del territorio nacional.

El representante del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes) La Paz, Fernando Romero, anunció el inicio de sus movilizaciones justo este viernes, en la misma jornada en la que el Gobierno inicia también con la implementaciones de las prestaciones médicas del SUS.

“Mañana tenemos movilizaciones, al mediodía haremos un bloqueo en la avenida Saavedra y el miércoles de la siguiente semana iniciaremos una lucha escalonada, que será radical y pondrá fin a este maltrato, agresión y amedrentamiento del Gobierno hacia nuestro sector”, explicó Romero, refiriéndose a las medidas de protesta que implementaran desde este viernes.

Desde la pasada semana, la ministra de Salud emprendió la suscripción de convenios con las gobernaciones y alcaldías administradas por el partido oficialista, el Movimiento al Socialismo (MAS) para hacerse cargo de los hospitales de tercer nivel e implementar el SUS.

Las tres gobernaciones más importantes del país, Santa Cruz, La Paz y Tarija, ha rechazado la suscripción del convenio, basado en la Constitución Política del Estado y la Ley de Autonomías, que ya redistribuyo competencias sobre las responsabilidades en materia de salud.

El Gobernador de La Paz, Dr. Félix Patzi luego de reunirse con la ministra de Salud, Gabriela Montaño, hizo notar que nueve competencias del área de salud, establecidas en la Ley 31 de Autonomías, pasarían al Ministerio de Salud.

Otras tres competencias establecidas en el Decreto Supremo 25233 que rige el Servicio Departamental de Salud Sedes, “harían que virtualmente el Sedes desaparezca”. Por ello existen interpretaciones diversas sobre este tema, explicó el Dr. Patzi.

“Quiero que la población comprenda. Nosotros queremos viabilizar la implementación del SUS pero dentro los marcos, constitucionales y legales”, explicó la autoridad, porque se trata de la administración de rectoría sectorial, competencias operativas-ejecutivas y de transferencia de bienes de la Gobernación.

La Gobernación pide al Servicio Estatal de Autonomías que presente un informe por tratarse de un conflicto de competencias, para definir el mecanismo legal que corresponda.

De acuerdo al Artículo 123 de la Constitución Política del Estado toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley, “son imprescriptibles”.

En el Artículo 410  la Constitución ,es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa.

La aplicación de las normas jurídicas se regirán por la siguiente jerarquía: La Constitución, leyes, tratados internacionales, decretos supremos, normas departamentales, regionales y municipales, asimismo normas de carácter administrativo.

“No puedo firmar un convenio que está enmarcado en la Constitución Política del Estado, se debe legalizar”, mencionó.

Por su lado, los médicos de Bolivia cuestionan la implementación del SUS sin antes haber solucionado las deficiencias en infraestructura hospitalaria, equipamiento, la contratación del personal médico capacitados y un bajo presupuesto económico.

Los médicos demanda al Gobierno 2 mil millones de dólares para poder llevar adelante un seguro universal sostenible. Piden que se suba el presupuesto para la salud con relación al Producto Interno Bruto (PIB) del 6,5 al 10 por ciento.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea la Cobertura Sanitaria Universal (CSU), un sistema que implica que todas las personas y comunidades reciban los servicios de salud que necesitan sin problemas financieros para pagarlos.

La OMS dice que un seguro de salud universal sostenible debe abarcar “toda la gama de servicios de esenciales de calidad, desde la promoción de la salud hasta la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos”.

“La CSU permite a todos acceder a servicios que atienden las causas más importantes de las enfermedades y la muerte, y asegura que la calidad de esos servicios sea suficientemente buena para mejorar la salud de las personas que los reciben”, señala la OMS.

El Gobierno anunció en 2015 un “Plan de Hospitales” para fortalecer todo el sistema de salud público del país. Se trata de 45 nosocomios: cuatro de cuarto nivel, 11 de tercer nivel y 31 de segundo, con una inversión que supera los 1.624 millones de bolivianos.

El plan gubernamental contempla hospitales de cuarto nivel: en Cochabamba, de Oncología; un Instituto Gastroenterológico, en La Paz; uno de Cardiología, en Tarija; y de Neurología-Nefrología en Santa Cruz.

Los cuatro hospitales de cuarto nivel fueron la apuesta más importante del Gobierno para el sector. Muchos médicos creen que con estos centros se solucionarían varias carencias de la salud en el país; sin embargo, todo esto está lejos de ser una realidad.

Con una inversión de 105 millones de dólares estaba contemplada la construcción del Instituto Oncológico de cuarto nivel en el municipio de Tolata, en Cochabamba. Pero la obra fracasó después de observaciones hechas al proyecto de preinversión y diseño.

Para este moderno centro de salud están pensadas especialidades como gastroenterología, ginecología, hematología, oncología clínica, endocrinología, geriatría, cirugía reconstructiva, entre otras.

En abril pasado se lanzó una nueva convocatoria para la ejecución bajo la figura “llave en mano” en el diseño, ejecución y puesta en marcha del proyecto. Se confirmó el inicio de obras para este año pero no hay fecha ni contrato.

En Tarija se planificó la construcción del Instituto Cardiológico con una inversión de 152 millones de dólares. Las negociaciones para conseguir a una empresa que ejecute el proyecto fracasaron dos veces durante el 2017.

Tras el fracaso se decidió cambiar la modalidad del proyecto "llave en mano" para licitar solamente el diseño. Sin embargo, hasta la fecha no existen avances positivos y Tarija tampoco cuenta con un hospital de cuarto nivel.

Por otro lado, con una inversión de 72 millones de dólares, en La Paz estaba prevista la construcción de un Instituto Gastroenterológico de cuarto nivel. Esto no se concretó.

Ante el un nuevo fracaso, el Gobierno firmó en julio del año pasado un contrato por más de $us 100 millones para la construcción del Instituto Gastroenterológico. Se prevé concluir este centro de salud en unos tres años, aunque no existe información sobre los avances.

En Santa Cruz, con una inversión que supera los 242 millones de dólares, se anunció la construcción del Instituto de Neurología y Nefrología. Aún no hay avances y no se ha emitido ningún documento que garantice la construcción del este hospital de cuarto nivel.

Ante estos cuatro fracasos importantes, el año pasado se emitió el Decreto Supremo 3139 para declarar prioridad la construcción de 18 centros con fondos del Tesoro General de la Nación (TGN) a través de contrataciones directas.

En medio de todas esas deficiencias el gobierno aprobó la ley del SUS, esta nueva norma reemplaza a la Ley 475 de Prestaciones de Servicios de Salud Integral, vigente desde 2013.

A pesar de las dudas e incertidumbres, muchos bolivianos depositan su confianza en el SUS y esperan que se salde una deuda histórica  con las más de 5 millones de personas que no tienen acceso a la salud pública y gratuita.