TIERRA NOTICIAS. En Bolivia, ex presidentes, políticos, ex magistrados de la Justicia, abogados y la población en general rechazan la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), de "autoprorrogarse" en los cargos hasta que se realicen las elecciones judiciales.

El expresidente de Bolivia y jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, califica como “un golpe a la democracia” la determinación de los magistrados del TCP de prorrogar el mandato de todos los magistrados del Poder Judicial de forma indefinida mediante la Declaración Constitucional 049/23.

"Alerta roja, no a esta prórroga inconstitucional. La Carta Magna es muy clara: el día 2 de enero, todos y cada uno de los magistrados que están en funciones en este momento deben irse a su casa", dijo Mesa mediante sus sus redes sociales.

"Primero, bloquean la elección judicial, después se establecen un mandato indefinido que da lugar a la consolidación del autoritarismo protagonizado por el Poder Ejecutivo que tiene como títere al Órgano Judicial", puntualiza el Exmandatario boliviano.

"Nosotros rechazamos esa declaración, esa burda y vergonzosa declaración constitucional de estos prorrogados y serviles magistrados del Tribunal Constitucional", manifestó el diputado de CC, Enrique Urquidi.

Por su lado, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, califica la determinación del TCP de "Sombrío precedente, (que) desconoce al constituyente y debilita la democracia". Advierte de "ilegítima e inconstitucional" la Declaración Constitucional 049/23; porque "no veló por la supremacía de la Constitución en control de constitucionalidad".

"No aseguró vigencia de Derechos y Garantías Fundamentales al coartar el derecho ciudadano de conformar el órgano judicial y al restringir la obligación del Estado de asegurar una justicia imparcial para ejercicio de derechos y libertades", manifestó en su cuenta de X.

"TCP excedió su competencia al 'disponer' prórroga de su propio mandato, expresamente limitado por la Constitución que sanciona con nulidad actos de quienes usurpan funciones fuera de la ley. Tampoco repararon en advertir que sus intereses entraron en conflicto, prohibición prevista por la CPE", dijo.

El mandato de los magistrados debe concluir el próximo 2 de enero, pero el TCP consideró que deben continuar en el cargo porque no existen aún reemplazantes electos por voto popular y no se puede suspender los servicios judiciales ni designar al personal subalterno.

Los opositores y los "evistas" aseguraron que la decisión del TCP deviene de un contubernio de los magistrados con el Gobierno, para evitar las elecciones judiciales y beneficiarse mutuamente.

"Prórrogazo, decisión prevaricadora e inicua del TCP, a días de vencimiento de su mandato, flagrantemente inconstitucional, ejecutora del plan del Gobierno de Arce, para implantar la dictadura gubernativa judicial. Seguirán saboteando toda elección", declaró en X, el diputado de CC, Carlos Alarcón.

"Se han autoprorrogado, nosotros tenemos que tomar la determinación de iniciar un juicio de responsabilidades en razón de que ellos estarían modificando la Constitución, estarían afectando lo que establece el artículo 411 de la Constitución", firmó la senadora de CC, Silvia Salame ante los periodistas.

El también diputado de CC, Marcelo Pedrazas, calificó la decisión del Tribunal como "autogolpe" y señaló que los magistrados no pueden emitir una decisión para beneficiarse a sí mismos.

El diputado "evista", Héctor Arce, calificó lo ocurrido como un "golpe judicial". Dijo que los magistrados han cometido prevaricato y que, en su mayoría, son "sicarios".

"Esto no es una autodefinición de parte de los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional. Esto es con la mano negra de Iván Lima, por instrucción de Lucho Arce. El gobierno es tan cínico pero tan cínico que los ha utilizado a los magistrados para instrumentalizarlos y puedan emitir esta resolución", criticó Héctor Arce.

El abogado del ala "evista" y exmagistrado Orlando Ceballos denunció que se está ejecutado un plan del ministro Iván Lima, para forzar una situación de excepción con el fracaso de las elecciones judiciales.

Ceballos sugirió que la Asamblea emita una ley corta para cambiar la situación de los magistrados, porque de lo contrario estaría sometida a los magostados.

El senador del ala "evista" Hilarión Mamani aseveró que se trabajará en la ley corta y se revisará la decisión del TSE. Recordó que en reiteradas oportunidades se impidió la realización de las elecciones judiciales, a pesar de los intentos del legislativo.

Los "evistas" y opositores coincidieron también en que los magistrados merecen un juicio de responsabilidades por esta decisión.

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