TIERRA NOTICIAS. El Gobierno transitorio de Jeanine Áñez derogó hoy (14.05.2020), varios artículos del Decreto Supremo No 4231, después de ser rechazados por varios gremios de los periodistas porque atentaba contra la libertad de expresión y el  trabajo de los medios de comunicación.

Esta determinación del gobierno fue comunicado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque creaban susceptibilidad sobre ese derecho fundamental.

"La Misión Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante la OEA comunicó a la CIDH que el gobierno de Bolivia deroga la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N° 4231, de 7 de mayo de 2020 y anteriores disposiciones", informó la ministra de Comunicación, Isabel Fernández en su cuenta de Twitter.

La disposición transitoria refería que "Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal".

En la carta enviada a la CIDH, el Gobierno informa que también fue derogado el parágrafo II del Artículo 13 del Decreto Supremo 4200, que establecía que "Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública".

Además se derogó el parágrafo II del Artículo 7 del Decreto Supremo 4199, que determinaba que "Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán objeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública".

El Gobierno boliviano aclara en la nota enviada a la CIDH que "la derogatoria de dichos artículos no abandona el compromiso del Estado de precautelar los valores fundamentales de seguridad pública, orden y salud públicos, en el marco de los derechos humanos y la libertad de expresión".

Ratifica además su "deber de proteger el valor supremo de la vida y la seguridad de los bolivianos, ante las amenazas de violencia y los atentados contra la cuarentena que promueve diariamente el expresidente Evo Morales y sus seguidores".