TIERRA NOTICIAS. Mediante Decreto Supremo, el Gobierno boliviano prohibe "cláusulas y prácticas comerciales abusivas" en contratos relacionados a la venta futura de bienes inmuebles, la norma fue aprobada el 1 de junio y recién fue comunicado el presidente Luis Arce Catacora.

“Para precautelar los derechos de las y los bolivianos que suscriben contratos en preventa de cualquier bien inmueble, aprobamos el DS 4732, que previene las cláusulas y prácticas comerciales abusivas incluidas en los contratos relacionados con la venta futura de bienes inmuebles”, manifestó Arce en Twitter.

"El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer disposiciones destinadas a la regulación, prevención de cláusulas abusivas y prácticas comerciales abusivas en contratos relacionados con la venta futura, venta con reserva de propiedad u otras modalidades, de bienes inmuebles, en el marco de la Ley N° 453, de 4 de diciembre de 2013, General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y los Consumidores", señala el Primer artículo.

Esta norma se aplica a “todo contrato emergente de una relación jurídica cuyo objeto esté relacionado con la venta futura, venta con reserva de propiedad u otras modalidades conocidas comúnmente como preventa, de un bien inmueble de cualquier tipo, incluidos lotes de terreno, viviendas, lotes de inhumación, parqueos, depósitos, tiendas y otros bienes inmuebles ofertados bajo tales modalidades”.

En una rueda de prensa, el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, explicó que esa norma fue creada tras recibir 32.000 denuncias sobre hechos irregulares en la venta bienes inmuebles que se dieron en diferentes urbanizaciones o proyectos inmobiliarios en las ciudades de Santa Cruz, Potosí, Oruro, Cochabamba, La Paz, El Alto y Sucre.

La autoridad dijo que -mediante esas denuncias- se evidenció que en la mayoría de contratos de preventa no se figura si el vendedor tiene derecho propietario o porcentaje de áreas comunes del bien inmueble.
En ese caso, dijo que la norma “está orientada a proteger a los usuarios y consumidores frente a estos hechos”.

Asimismo, Silva señaló que mediante esa normativa uno de los requisitos que se exigirá para los contratos que posteriormente certificará el Viceministerio de Defensa del Usuario y del Consumidor, será la identificación del propietario del bien inmueble, como también la identificación del promotor o constructor a cargo de la venta o la identificación de los documentos que acrediten la propiedad.

Por último, Silva explicó que las denuncias se atenderán en la vía administrativa a través de la conciliación como un mecanismo de solución entre partes, caso contrario se remitirá una denuncia ante el Ministerio Público por posibles delitos de estelionato, estafa, asociación delictuosa.

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