Jueves, Diciembre 05, 2019
Política

Identifican a diputada del MAS, Sonia Brito, como autora de amenazas y acoso político a sus colegas por ley de inmunidad para Evo

TIERRA NOTICIAS. Identifican a la diputada del Movimiento al Socialismo (MAS) que incurrió en el delito de amenazas y acoso político contra sus colegas partidarios que se negaron a aprobar la supuesta "ley de impunidad" para Evo Morales Ayma.

El diputado Enrique Siles reveló que la diputada del MAS, Sonia Brito Sandoval, es la parlamentaria que acosa y amenaza a diputados de su partido por negarse a apoyar la supuesta ley de Garantías Constitucionales.

"Ahora pues la diputada Sonia Brito ya se ha excedido. La diputada creo yo, ya está también siendo presionada seguramente por Juan Ramón Quintana, por algunas otras autoridades, que en artículo 8 (de ley de Garantías) piden algún salvoconducto", aseveró el diputado Enrique Siles ante los periodistas.

Siles informó que otros parlamentarios del MAS también habrían recibido amenazas. El Asambleísta identificó a la diputada Sonia Brito de amenazar a su colega Clery Vargas, quien se negó a aprobar el proyecto de Ley de Garantías Constitucionales.

"Primero les ha indicado que les van botar de sus sectores, les han indicado que les pueden quemar sus casas, les han amenazado que ya no cuentan con su voto desde las bases sociales y ahora también la diputada Sonia Brito ya se ha excedido", manifestó el diputado Siles.

En la víspera la diputada del MAS Clery Vargas denunció, sin revelar la identidad de los agresores, que era objeto de amenazas y amedrentamientos por diputados de su partido, por no apoyar la denominada Ley de Garantías.

"Quiero denunciar a la opinión pública porque he sido amedrentada, he sido amenazada, incluso algunas compañeras han dicho que van a ir a romper mi casa, que van a ir a quemar mi casa porque no estoy aprobando esta ley", aseguró la diputada del MAS atacada por sus compañeras de partido.

La asambleísta consideró que no le parece correcto aprobar una ley de impunidad para beneficiar a todos los políticos de su partido que han cometido graves delitos en los últimos 14 años de gobierno, razón por el cual se opone a dicha norma anticonstitucional impulsado por sus compañeros radicales.

Vargas denunció que algunos diputados y diputadas del MAS incluso ya se entrometieron en asuntos familiares, demostrando la acostumbrada intolerancia política, acusando a Vargas de haberse pasado al "derecha".

"Ya se han metido en mi vida personas. Yo tengo mi esposo que es oficial de Policía y ya se han metido con eso, han dicho que yo me he ido a vender a la derecha por que mi esposo es oficial de Policía y no puedo andar libremente en la Cámara de Diputados, por que los colegas me van tildando de que me he ido a la derecha y no es cierto", aseveró Vargas ante los periodistas.

La parlamentaria del MAS pide garantías a los diputados de su partido frente a las constantes amenazas y acoso político penado por las leyes bolivianas.

Malas costumbres de impunidad 

El periódico La Razón, publicó el 29 de diciembre de 2015, que al declarar probada la denuncia contra la diputada Sonia brito, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), de forma inédita, derivó a la Contraloría General del Estado la denuncia en contra de esta diputada, por utilizar instalaciones de la Asamblea Legislativa para efectos de campaña electoral del referéndum.

“Remito a usted antecedentes y resolución correspondiente de la denuncia (...) para la determinación de las responsabilidades que correspondan”, reseña parte de la misiva —documento al que accedió La Razón— enviada por el TSE al contralor Gabriel Herbas, el pasado jueves 24 diciembre de 2015.

Brito organizó —en calidad de servidora pública y como parte de la Cámara de Diputados— un foro de interés ciudadano en el Palacio de la Revolución, que es una dependencia del Senado, evento en el que exhibió una valla institucional que promovía la opción del Sí para el referéndum constitucional del 21 de febrero que es impulsado por el oficialismo.

La denuncia fue interpuesta por el entonces senador de la opositora Unidad Demócrata (UD) Yerko Núñez el 8 de diciembre en contra de Brito y de su colega Mireya Montaño. A su juicio, las legisladoras utilizaron bienes, recursos y servicios de una institución pública para promover la aprobación de la reforma constitucional.

La diputada Brito, parte del Comité de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades de la Cámara de Diputados, rechazó la denuncia en sus descargos. No obstante, y tras un análisis técnico que efectuó el Servicio Intercultural de Fortalecimiento de la Democracia (Sifde), se identificó la responsabilidad de Sonia Brito, mas no así de Montaño, quien aclaró no ser patrocinadora del foro, sino solo asistente, motivo por el cual la denuncia en su contra fue declarada improbada. 

“El TSE declaró probada en parte la denuncia contra la asambleísta, recomendando la remisión de antecedentes a la instancia correspondiente”, informó a través de un comunicado la entidad electoral, el martes 22 de diciembre de 2015.

La Contraloría recibió el legajo y la Resolución L701/245/2015 que identifica las responsabilidades de Brito, el jueves 24. El equipo jurídico de la repartición estatal conoció el caso ayer e inició el estudio de los antecedentes que el TSE requirió para emitir su fallo.  

La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, de Lucha contra la Corrupción, fija en su artículo 26 una pena de privación de libertad de uno a cuatro años para funcionarios que “en beneficio propio o de terceros, otorgue un fin distinto al cual se hallaren destinados bienes, derechos y acciones pertenecientes al Estado”.

Los delitos del acoso político y la amenzasa

La Ley Nº 243 del 28 de mayo de 2012 promulgada por Evo Morales Ayma en su artículo 2 sostiene, "La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos de prevención, atención, sanción contra actos individuales o colectivos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres, para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos".

Artículo 293: Amenazas

En el Código Penal el artículo 293 señala que "El que mediante amenazas graves alarmare o amedrentare a una persona, será sancionado con prestación de trabajo de un mes a un año y multa hasta de sesenta días. La pena será de reclusión de tres a diez y ocho meses, si la amenaza hubiere sido hecha con arma o por tres o más personas reunidas".
 
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