TIERRA NOTICIAS. La Red UNITAS, junto a 55 organizaciones de la sociedad civil, pidió al presidente Rodrigo Paz observar la Ley 157 —de conversión de la pequeña propiedad agraria en mediana— y devolverla a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), con el fin de abrir un proceso de análisis y debate más amplio antes de su eventual promulgación.

En un pronunciamiento público, las organizaciones exhortan a habilitar “espacios de diálogo plural, informado y democrático”, con participación de pueblos indígena originario campesinos de tierras altas y bajas, además de actores de la sociedad civil. El documento subraya que este proceso debe sustentarse en evidencia técnica, análisis territorial y el respeto a los principios constitucionales.

Las organizaciones advierten que la norma, que permite la conversión de la pequeña propiedad agraria en mediana, tiene implicaciones estructurales. “Diversos análisis coinciden en que esta norma vulnera varias disposiciones de la Constitución Política del Estado”, señala el pronunciamiento, en referencia a la protección de la pequeña propiedad, la prohibición del latifundio y el control estatal mediante la Función Económico Social (FES). En particular, alertan que la suspensión de la verificación de la FES “debilite de manera sustantiva los mecanismos de control público sobre la tierra”.

Otro de los cuestionamientos apunta a la falta de consulta y socialización. Según el documento, la ley “no ha sido precedida por procesos adecuados de consulta, deliberación pública ni socialización amplia”, especialmente con sectores directamente vinculados a la pequeña propiedad agraria, lo que —según indican— afecta su legitimidad.

Asimismo, el pronunciamiento advierte que la conversión de la pequeña propiedad, bajo procedimientos simplificados (un trámite expedito de solo 10 días), “abre la puerta a procesos de reconcentración de la tierra”, al introducirla en dinámicas de mercado, endeudamiento y eventual pérdida. En ese marco, se sostiene que la medida “implica un cambio sustantivo en las bases del régimen agrario”, históricamente orientado a proteger la tierra como sustento de la vida familiar y comunitaria.

Junto con estas observaciones y el pedido al Primer Mandatario, las organizaciones también plantean alternativas. Señalan que cualquier modificación del régimen agrario “debe concebirse como una política pública integral, y no como ajustes parciales o aislados”. Además, proponen que, si el objetivo es facilitar el acceso al crédito, se prioricen mecanismos ya existentes, como las garantías no convencionales dentro del sistema financiero o el fortalecimiento del Banco de Desarrollo Productivo.

El pronunciamiento concluye con un llamado a que las decisiones en materia agraria se adopten en el marco de un proceso deliberativo amplio, considerando los impactos económicos, sociales, ambientales y culturales vinculados al uso y control de la tierra.

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