TIERRA NOTICIAS. Uno de los sobrinos de la ex presidenta Jeanine Áñez denuncia que fue “torturado” por los policías que fueron enviados a Beni para operar con la ejecución de las ordenes de aprehensión emitidas en contra de ex autoridades del anterior gobierno.

Carlos Hugo Áñez Gil, relató que los policías lo golpearon y lo torturaron colocandole la cabeza dentro de una bolsa elemento con el obstruyeron la respiración por la boca y la naríz, tal como muestra la foto ilustrastrativa.

“Yo estaba en la casa de mi prima, cuando llegaron dos camionetas de la Policía, de la Inteligencia y directamente sin preguntarme nada me trajeron a un cuarto aquí a la FELCC y ahí procedieron a ponerme una bolsa en la cabeza y comensar con su tortura para que yo pueda hablar”, declaró áñez Gil a Unitel.

El operativo policial en Beni fue dirigida por el Comandante nacional interino, coronel Jhonny Aguilera Montecinos y el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, tal como se los observó en las fotografías sobre la aprehensión y que fueron difundidas por el gobierno de Luis Arce Catacora.

Con la aplicación de métodos ilegales prohibidos por convenciones internacionales como de la “tortura”, los policías intentaban que los sobrinos delataran el lugar donde se escondía la ex presidenta Jeanine Áñez, relató Áñez Gil.

“Ellos decían que nosostros supuestamente estabamos con ella, encubriendola, que la estabamos ocultando, siendo que yo estaba en la casa de una prima, no tenía conocimiento de lo que ella estaba haciendo pero ellos juraban que yo estaba con ella, que yo le estaba escondiendo y no era así”, dijo Áñez.

Los policías “no se identificaron, solamente me jalaron del brazo y me metieron directamente a la camioneta, me trajeron y cuando llegamos aquí a un cuarto de la FELCC, al entrar directamente me pusieron una bolsa para no poder identificarlos. Me decían que sí no hablaba, sí no decía exactamente me iban a proceder a matarme y sino a deshacerme en el tema de puñetes”, declaró Áñez Gil ante el periodista Rodolfo Orellana.

El otro sobrino de la ex presidenta de Bolivia, Juan Carlos Áñez Gil informó que en su caso se protegió de las torturas junto al fiscal asignado para la ejecución de las ordenes de aprehensión.

“Al finalizar el allanamiento me dicen, vamos a ir al departamento policial, allá está tu hermano me dicen. Llego, mi hermano de 20 años había sido torturado, lo veo y no me dejar acercarme a él; justamente yo estaba con un fiscal, a él yo le pedí que ‘por favor no me deje porque yo sabía cómo procede la Policía, entonces él estuvo conmigo”, declaró Carlos Áñez.

Juan Carlos Áñez, el padre de los jóvenes, reclamó indignado sobre las torturas ejecutadas por miembros de la Policía Bolivian en contra de uno de sus hijos de 20 años.

“Con el corazón dolido al poder constatar aún en audiencia por un médico forence que dio dos días de impedimento (por) que lo hayan tocado a mi hijo, el que lo hayan torturado a mi hijo, eso me duele, no debieron hacerlo, no tenían derecho de tocarlo a mi hijo”, reclamó el padre lloroso e impotente por la violación de derechos humanos por parte de efectivos de la Policía.

En la víspera, ambos sobrinos de la ex presidenta Áñez, tras ser provados de su libertad y torturado por los policías, fueron sometidos a una audiencia cautelar y liberados con medidas sustitutivas del arraigo y la presentación periódican ante la Fiscalía.

Esta actuación al margen de las leyes de los policias es constante y no se investigan en Bolivia, pese a que están prohibidas por acuerdos internacionales y la Constitución Política del Estado. Evidencia de las torturas son las laceraciones que presentan en el rostro algunos aprehendidos cuando son expuestos por las autoridades ante los medios de comunicación.

El Estado Plurinacional de Bolivia firmó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes el 4 de febrero de 1985, ratificándola mediante ley 1939 de 10 de febrero de 1999, depositando el instrumento de ratificación el 12 de abril de 1999 en la Secretaría General de las Naciones Unidas.

La Constitución Política del Estado, aprobada mediante referéndum de 25 de enero del año 2009 y promulgada el 7 de febrero de 2009, establece de manera clara la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes en sus artículos 15, parágrafo I, y 114.

“Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte.

La pena será de privación de libertad 2 a 4 años si le inflingiere cualquier especie de torturas o tormentos.
Si estas causaren lesiones, la pena será de privación de libertad de 2 a 6 años y su causaren la muerte, se aplicará la pena de presidio de 10 años”, señala la norma.

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