TIERRA NOTICIAS. La Fiscalía de Tarija imputa a Evo Morales de 65 años por la comisión del delito de trata y tráfico de personas agravado en el marco de la denuncia interpuesta por haber mantenido relación con una menor de 15 años en Yacuiba en 2015, está impedido de viajar al exterior y tiene en su contra una orden de aprehensión, informó la fiscal Departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez.

La determinación fue asumida luego que Morales no respondiera a una nueva convocatoria de la Fiscalía a declarar, emitida el 1 de diciembre a través de un edicto, como tampoco lo hizo Idelsa Pozo Saavedra, madre de la menor víctima Cindy S.V.P.

“Nosotros, el día de hoy, hemos presentado la imputación formal contra el señor Juan Evo Morales Ayma y contra la señora Idelsa Pozo Saavedra por el delito de trata de personas agravada”, informó Gutiérrez, en conferencia de prensa.

Junto con la orden de aprehensión contra Morales y Pozo Saavedra, se emitió la alerta migratoria para impedir que ambas personas salgan del país, pues, según informes de inteligencia, se encontrarían aún en territorio nacional.

Morales se encuentra replegado desde hace meses en el Chapare, su bastión político, justamente después de abrirse la causa por trata y tráfico de personas.

La investigación contra el expresidente, Pozo Saavedra y Emeterio Vargas Mamani (padre de la menor), quien se encuentra con detención preventiva, fue iniciada en septiembre de este año, a partir de un informe de inteligencia de la Policía que evidenció la relación que Morales tuvo en 2015 con Cindy S.V.P., de 15 años, de cuya relación nació una niña en enero de 2016.

Para la investigación, se conformó un equipo de fiscales que, ante el conocimiento de las evidencias e informes de inteligencia, ordena la aprehensión del expresidente en octubre. La orden fue firmada por la directora Funcional de la Unidad de Trata y Tráfico, Pamela Obando, además de los fiscales Cristian Antonio Guerrero y Andrés Soruco.

Sin embargo, antes de que se realice la notificación, Morales presentó en la ciudad de Santa Cruz una “acción de libertad” en contra de Guerrero y Soruco, pero no de Obando, la que terminó anulando la orden de aprehensión.

El hecho llevó al entonces fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, a destituir a Gutiérrez; no obstante, la determinación fue revocada por una sala judicial de La Paz. En ese trajín, Cindy S.V.P., su hija y su madre desparecieron. Hasta el momento no se conoce su paradero.

Restituida en el cargo y ratificada por el nuevo fiscal Roger Mariaca, Gutiérrez prosiguió con la pesquisa y hasta el momento, afirmó, se acumuló más de 10 carpetas con pruebas del ilícito.

Convocó a Morales, a Pozo y a Emeterio Vargas Mamani a declarar, pero ninguno se presentó. Mamani fue aprehendido el 11 de octubre y actualmente guarda detención preventiva en el penal de Moros Blancos. El 16 de octubre, la Fiscalía emitió la orden de aprehensión contra el expresidente y la madre de su expareja por no acudir a la convocatoria del Ministerio Público a declarar.

De acuerdo con Gutiérrez, varios hechos impidieron que se ejecute la orden de aprehensión, entre ellos el bloqueo de más de 20 días que Morales y sus seguidores impulsaron entre octubre y noviembre, aislando a Cochabamba y al Chapare.

Además, el mismo expresidente reveló que tenía más de 500 personas custodiándolo en la sede de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y que, “ni fuera tonto” para entregarse a la justicia.

Por las evasivas, la Fiscalía optó por convocar a Morales y a Pozo por edicto, el 1 de diciembre, sin embargo, luego de 10 días, ninguno se presentó y por ello se procedió a solicitar que ambos sean aprehendidos y se emita la alerta migratoria.

Gutiérrez anticipó que una vez sean aprehendidos solicitará la detención preventiva de ambas personas.

En el caso puntual de Morales, recordó que hay un agravante en el delito porque cuando lo cometió era funcionario público: presidente del Estado.

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