Fiscalía imputa al Alcalde electo Iván Arias por supuesta designación irregular, Ministerio Público no actuó igual con Cocarico y León del MAS
TIERRA NOTICIAS. El Ministerio Público imputó formalmente al exministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, y ahora alcalde electo de La Paz, Iván Arias Durán, por los delitos de nombramientos ilegales, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y uso indebido de influencias.
Según la resolución de imputación formal, Arias hizo una designación ilegal de Eddie García como Director General Ejecutivo del Centro de Comunicaciones de La Paz, persona que no tenía idoneidad para el cargo.
“Que a través de Resolución Ministerial N°070 de 21 de febrero de 20182, se aprueba el ‘Manual de Organización y Funciones’ del Centro de Comunicaciones La Paz, ubicado en la avenida Mariscal Santa Cruz esquina Oruro, en su condición de entidad desconcentrada del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, el mismo, en relación al cargo de director ejecutivo tiene como requisito que para desempeñar el cargo, se prevé como indispensable el de contar con licenciatura en Carreras económico-financieras (sic)”, se lee en el documento, en la parte destinada a la descripción del hecho.
“Asimismo, mediante Resolución Ministerial N°002 de 02 de enero de 2020, el ciudadano Hernán Iván Arias Durán ex Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda designa como Director General Ejecutivo del Centro de Comunicaciones de La Paz al señor Eddie Glen García Rossel con CI. 3469450 L.P. sin cumplir ese requisito indispensable (sic)”, añade.
La denuncia fue hecha por el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, en coordinación con la Viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos.
La resolución de imputación formal incluye una solicitud de medidas cautelares en el que se menciona que Arias “es con probabilidad autor de los ilícitos de nombramientos ilegales, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias”.
El Ministerio Público especula al presumir que existe riesgo de fuga del nuevo Alcalde de La Paz Iván Arias, y miente al afirmar que, después de salir del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, no cuenta con ninguna actividad lícita debidamente acreditada, y no cuenta con arraigo natural y social que sostenga su permanencia y presencia para el caso, cuando la autoridad electa tiene domicilio y familia que constituye un arraigo natural.
Ante esa situación, el fiscal Johan Muñoz solicitó medidas sustitutivas a la detención preventiva mediante la aplicación de la presentación periódica con intervalo de 10 días en el sistema biométrico de la Fiscalía Departamental, a fin de controlar la permanencia del imputado.
Antecedente de la Justicia parcializada
En otro caso similar que implica a militantes del partido en función de gobierno, la justicia prácticamente no investigó la comisión de los delitos con suficiente pruebas que han sido públicos, es el caso del Juan Carlos León quien se desempeñó como Director del INRA, hasta Viceministro, según publicación de Página Siete del jueves, 27 de febrero de 2020.
A continuación reproducimos ese trabajo de prensa:
Sin título ni experiencia, Juan Carlos León fue director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y hasta viceministro de Tierras en dos ocasiones, irregularidades por las que ahora tiene al menos dos denuncias en su contra.
Una de ellas dice que la designación de León como director nacional del INRA fue ilegal, ya que no cumplía con los requisitos estipulados en la Ley 1715.
“El señor León no ha concluido sus estudios de derecho ni de sociología, ni tenía experiencia en el tema de tierras al momento de ser nombrado, en franca contradicción con lo estipulado en la Ley 1715 y los reglamentos del INRA”, reveló el actual viceministro de Tierras -cargo que ocupó dos veces León- Gustavo Terrazas, en una conferencia de prensa de la anterior semana.
La Ley 1715 (Ley INRA) de 1996 establece que los directores nacionales deben ser bolivianos y ciudadanos en ejercicio; tener grado académico en grado de licenciatura con título en provisión nacional, haber ejercido su profesión con idoneidad durante cinco años y tener probada experiencia en materia agraria.
Salvo la nacionalidad, Terrazas explicó que León no cumplió ninguno de los requisitos exigidos. La autoridad además acusó al exdirector del INRA de estar involucrado en clanes de tráfico de tierras en la Chiquitania, en el periodo anterior a los incendios forestales y que son vinculados al asentamiento ilegal de comunidades, con el aval del INRA.
De dirigente a viceministro
Antes de ser viceministro y director del INRA, León fue alcalde del municipio de Padilla (Chuquisaca) por el Movimiento Al Socialismo (MAS, 2010-2015) y presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM). Incluso fue propuesto por los campesinos del departamento como candidato a gobernador.
En su perfil de la red social LinkedIn, León cita además una infinidad de cargos en distintos entes cívicos y sindicales. Fue director de la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) en representación de la Gobernación.
Entre la información consignada en su perfil, León también admite ser estudiante de las carreras de derecho y sociología en la Universidad Mayor San Francisco Xavier de Chuquisaca.
En 2017 fue designado viceministro de Tierras por el exministro de Desarrollo Rural César Cocarico, quien ahora está detenido por haberlo posesionado.
León se mantuvo en el cargo hasta diciembre de 2018, cuando fue nombrado director nacional interino del INRA, cargo que ocupó por cuatro meses, hasta abril de 2019, en reemplazo de Macario Lahor, exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), quien sólo duró un mes en el cargo.
Esta designación fue criticada por instituciones como la Fundación Tierra y asambleístas de la entonces oposición como Óscar Urquizu, ya que León no tenía el perfil para ejercer.
En esa gestión fue denunciado penalmente por el diputado, por ejercicio ilegal del cargo, al señalar que su designación contravenía la Ley INRA.
El 17 de abril de 2019, León renunció a la dirección del INRA y dos días después, el 19 de abril, fue nombrado viceministro.
En su momento, el exministro Cocarico explicó que León estuvo de forma temporal en el INRA con la tarea de reestructurar la institución para enfrentar la “estigmatización” que se tenía por el tema de la corrupción.
Aseveró que León cumplió con la misión de reestructurar el INRA, por lo que debía regresar al Viceministerio de Tierras.
Un dirigente de la Csutcb se benefició de tierras
Henry León, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), se benefició con al menos 40.000 hectáreas de tierras fiscales en 24 comunidades asentadas en la Chiquitania, señaló ayer la ministra de Desarrollo Rural, Eliane Capobianco.
“Luego de 24 inspecciones en la zona del Pailón, Chiquitania de Santa Cruz, fueron anulados 12 asentamientos humanos, la dotación irregular de poco más de 20.000 hectáreas de tierras; y otros 12 asentamientos, otras 24.000 hectáreas, están en proceso de evaluación con miras a ser también anuladas”, explicó.
Capobianco declaró que los responsables de ese delito son los integrantes del “clan León, porque en su mayoría son sus parientes (de Henry León) los que están en los asentamientos”.
La ministra agregó que se preparan las denuncias por el hecho de que León se resistía a la inspección en esas comunidades, “actuación que se adecúa a la tipificación de impedimento al cumplimiento de la ley”, dijo.
La esposa de Henry León, exfuncionaria del INRA en Cochabamba, también está involucrada en los asentamientos humanos ilegales en tierras fiscales.
La verificación de las tierras fiscales constató que en muchos casos las propiedades están abandonadas, otras alquiladas, algunas con cuidadores, pero no cumplen función productiva.
“Se aclara que en cada inspección se está verificando en qué situación se encuentra la comunidad, si permanecen las mismas personas que fueron asentadas, si los predios están alquilados o abandonados. En función de esos resultados se están tomando decisiones”, precisó. (Página Siete).
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