TIERRA NOTICIAS. El juez William Rodríguez dispuso la detención preventiva de Elvira Parra Villca, de 58 años de edad, por el periódo de cinco meses en la cárcel de Miraflores de La Paz. El juez no tomó encuenta los certificados médicos emitidos por el IDIF sobre las enfermedades que padece Parra, por lo que está imposibilitada de permanecer recluida.

El juez exigió la presentación de un certificado médico "actualizado" que establezca que la imputada padece de una enfermedad terminal, a fin de darle una medida alternativa, como la detención domiciliaria. La fundadora del Fondo Indigena fue detenida el 2 de marzo de 2015 y permaneció en la cárcel 8 años y 6 meses, donde adquirio las enfermedades.

"Estuve sanita cuando llegué, pero mira, ya la pena, preocupación, los años, ya tengo enfermedad de diabetes, presión alta. No es fácil, porque este lugar tampoco es bonito (para) vivir porque, uno, el problema aquí a veces no hay buena alimentación" aseguró la ex Directora del Fondo Indígena, en abril del 2022, en entrevista de radio Fides.

La exautoridad del Fondo Indigena fue imputada por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Las acusaciones fue realizada en el marco las investigaciones realizadas a los proyectos de producción de miel ejecutados en 13 comunidades del Trópico de Cochabamba durante su gestión al frente del Fondo Indígena.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público el caso está relacionado con el proyecto denominado “Producción de miel en 13 comunidades de la provincia Bautista Saavedra”, que habría generado un presunto daño económico al Estado de Bs 687.000.

El fiscal del caso, Omar Condori, explicó que la Fiscalía solicitó la detención preventiva para garantizar el desarrollo de varias diligencias investigativas, entre ellas una inspección al lugar donde debía ejecutarse el proyecto apícola para verificar el avance físico de la iniciativa.

Según los antecedentes del proceso, el proyecto registraba un avance económico cercano al 90%, mientras que el avance físico apenas alcanzaba el 20%, lo que despertó sospechas sobre el manejo de los recursos destinados a la iniciativa productiva.

Las pesquisas también establecen que Parra, en su condición de directora del Fondo Indígena, habría aprobado el desembolso de recursos a una cuenta mancomunada vinculada a Lidia Patty, Lidia Acho y Javier Chávez, quienes figuraban como responsables en la ejecución del proyecto.

Durante las investigaciones, el Ministerio Público también procedió al secuestro de seis colmenas que formaban parte del proyecto, las cuales ahora forman parte de los elementos probatorios dentro del proceso.

La defensa de Parra cuestionó la nueva medida judicial y sostuvo que su cliente ya enfrentó cerca de un centenar de procesos vinculados al caso del Fondo Indígena, por los mismos tipos penales, sin que se haya demostrado su responsabilidad directa en el presunto desfalco.

Incluso la Defensoría del Pueblo de Bolivia observó que podría existir un sobredimensionamiento de la persecución penal en contra de la exautoridad. 

Para la Defensoría, estos aspectos “generan una situación de incertidumbre respecto a su situación jurídica” y la “posible vulneración de las garantías mínimas del debido proceso, como el plazo razonable y el acceso a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones”.

La institución recordó que el 30 de enero de 2026 emitió la Resolución Defensorial DP/SSP/RD/2026/01, en la que identificó graves demoras en los procesos penales abiertos contra la exautoridad.

Según la investigación defensorial, al menos 25 de los 55 procesos iniciados contra Parra presentan irregularidades vinculadas al incumplimiento del plazo razonable y a la falta de garantías del debido proceso.

El informe señala que 23 causas permanecían abiertas durante más de 10 años, mientras que otros dos expedientes superaban los cinco años de duración.

Asimismo, la institución indicó que 16 procesos continuaban en etapa preparatoria y dos en fase preliminar, lo que evidencia una prolongada dilación judicial.

Según Vladimir Gonzales, abogado defensor de Parra, la principal acusada Nemesia Achacollo ya se encuentra en la clandestinidad porque vendió todas sus propiedades en el departamento de Santa Cruz y dejó el país. "No hubo forma de hallarla en su domicilio y recién se enteraron de lo que hizo la exministra de Desarrollo Rural", puntualizó.

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