TIERRA NOTICIAS. El Gobierno nacional presentó el miércoles un recurso de Consulta Previa de Constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) contra el proyecto de Ley de Estados de Excepción, sancionado por los dos tercios del MAS en el Legislativo, con lo que frenó jurídicamente cualquier efecto de esa norma, aseguró el miércoles el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra.

En conferencia de prensa, el ministro de Justicia explicó que, con el recurso de inconstitucionalidad, la norma se encuentra en suspenso hasta que se pronuncie el TCP sobre su admisibilidad y, posteriormente, su constitucionalidad.

"Este proyecto (Ley de Estados de Excepción) no tiene ningún efecto jurídico por el recurso que hemos presentado y será el TCP quien definirá si este proyecto es o no constitucional", afirmó Coimbra.

La mayoría masista en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sancionó hace una semana la Ley de Estados de Excepción, y la remitió al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

La norma dispone que se puede declarar Estado de Excepción en situación de guerra, invasión o ataque de potencias o grupos irregulares, pero no en conflictos, agitación popular, movilizaciones sociales o dificultades financieras.

Además, señala que las Fuerzas Armadas podrán participar en operaciones del orden público y control de disturbios, sólo cuando la Policía haya sido rebasada y se haya declarado Estado de Excepción.

El Ministro de Justicia indicó que se decidió acudir al TCP, porque la norma que propone el MAS invade facultades y competencias del Órgano Ejecutivo y advierte un intento de "golpe de Estado" al Gobierno nacional, a través del Legislativo.

"Es por ese motivo que hemos presentado este recurso, además queremos dejar claro al país que, como Gobierno, no vamos a permitir ningún tipo de desestabilización desde la ALP", advirtió.

Coimbra aseveró que, si la presidenta del Senado, Eva Copa, decide promulgar la norma, como se anunció desde el MAS, sin el pronunciamiento del TCP, "estaría incurriendo en incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Ley y otros delitos que seguramente serán denunciados".

Con la Ley de Estados de Excepción que propone el MAS, no solo se invaden atribuciones del Órgano Ejecutivo, sino que se atenta contra toda la normativa jurídica que se aprobó durante la emergencia sanitaria por el coronavirus, incluyendo la entrega de bonos sociales a favor de la población boliviana, remarcó Coimbra.

"Si la ALP pretende tumbarnos toda la normativa, lo que está haciendo es que todo el mundo salga de sus casas, lo que ha decidido el MAS es que en Bolivia haya muertos y que haya catástrofe", alertó.