TIERRA NOTICIAS. El relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García Sayán, concluye su visita a Bolivia estableciendo nueve observaciones principales y preliminares de la actual situación de la justicia en este país.

En primer lugar, García Sayan concluyó que la justicia y sus operadores está lejos de la gente. Para el Relator de la ONU este tema es realmente muy importante que merece la atención que hoy no solo es preocupación de los abogados y jueces, sino de la sociedad boliviana en su conjunto.

"En Bolivia la justicia está lejos de la gente. Primera conclusión importante y relevante, en la medida en que se ve que hay una urgencia en la sociedad boliviana de que la justicia responda a dramas cotidianos, la reacción comprensible y legítima que ha habido ante ex carcelaciones a través de medios corruptos de un delincuente responsable de graves casos de feminicidio", y también la ex carcelación del homicida de Marcelo Quiroga Santa Cruz, se refirió el Relator de la ONU. 

El Relator "constató" la mujer boliviana tiene grandes obstáculos par acceder a la justicia y que la los ataques a las mujeres se ha incrementado. Afirmó que han existido 869 feminicidios entre 2013 y octubre de 2021, es decir, un promedio de uno cada tres días y medio. “Sólo el 31% de los casos ha obtenido una sentencia".

"Segundo aspecto. He constatado con preocupación que hay una seria brecha en el acceso de las mujeres a la justicia. Y como el crecimiento de los ataques a las mujeres que no ha sido exclusivo de Bolivia, durante la pandemia se ha aumentado aquí también. Ha significado, sin embargo, que muchos casos de feminicidio que sin investigarse tiene impunidad", dijo. 

En materia de justicia indígena está en la Constitución Política del Estado, sin embargo, la Ley de Deslinde Jurisdiccional establecida el 2010 establece restricciones severas para el funcionamiento y competencia de la justicia indígena, que impide la aplicación plena establecida en la Carta Magna sobre esta justicia.

"Sería importante, como sugerencia, recomendación, que se revise esa Ley de Deslinde Jurídico y que se considere  reforzar las capacidades y las competencias de la justicia indígena, teniendo en cuenta la rica historia que en esta materia  hay en Bolivia", dijo García Sayan.

En materia de detenidos, "el hacinamiento carcelario es un problema en todos los países de América Latina pero en el caso de Bolivia tiene ribetes particularmente dramáticos", porque en lugar de mejorar la situación carcelaria desde el Estado, ésta se agrava más con el paso de los años.

A marzo de 2021, según la Dirección General de Régimen Penitenciario, Bolivia cuenta con 20 cárceles para albergar a 5.346 personas. Sin embargo, los detenidos son 18.703 personas, con una tasa de hacinamiento del 349.8%. El 64,10% de las personas privadas de libertad estaba en situación de detención preventiva. En promedio, siete de cada diez personas privadas de libertad están sin condena, según el reporte del Relator de la ONU.

Respecto a la carrera judicial y jueces transitorios en la estructura y gestión del Órgano Judicial, señaló: “Según datos presentados en 2020, solo el 44% de jueces son de carrera. La alta proporción de jueces transitorios, que supera a los 500 de acuerdo a la información recibida, es otro componente crítico generador de inestabilidad y que no alienta una conducta independiente de quienes desempeñan la judicatura”.

En otro punto sobre los problemas con la Fiscalía, el Relator de la ONU también estableció la urgente necesidad y como "un tema de fondo, que es la necesidad y la conveniencia que se considere seriamente en Bolivia, una legislación de acceso a la información pública" y el fortalecimiento del Instituto de Investigaciones forenses para combatir los feminicidios.

“Muchas personas me hablaron sobre la dificultad que enfrentan para obtener información y datos del Órgano Judicial y del Ministerio Público. Es evidente que la transparencia y el libre acceso a la información pública contribuyen al combate a la corrupción. Tomo nota que Bolivia aún no cuenta con legislación sobre acceso a la información pública”, dijo en referencia a la labor de la Fiscalía.

Sobre las violaciones de derechos humanos en el año 2019 , dijo que es esencial que quienes resultaron víctimas obtengan justicia. “Es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y merecen el reconocimiento de su calidad de víctimas" señala García Sayan.

"Me uno a las recomendaciones ya hechas al Ministerio Público sobre llevar a cabo investigaciones de oficio, sin hacer recaer la iniciativa o carga probatoria en las víctimas, sus familiares o sus representantes. Que se garantice la celeridad y eficacia de la investigación y el derecho de las víctimas a participar”, indicó.

A tiempo de admitir que "el Relator no viene aquí a inventar la rueda o la pólvora", al finalizar su exposición, se refirió a las fallas en el sistema de preselección de los candidatos al Poder Judicial que son sometidos a votación en las urnas. El funcionario de Naciones Unidos recogió como planteamientos la modificación de la forma cómo se realiza la preselección porque esa responde a los propósitos de políticos de un sector.

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