TIERRA NOTICIAS. La Justicia en Bolivia ordena al Gobierno respetar el derecho a la presunción de inocencia y no exhibir públicamente como delincuente a las personas que son detenidas con fines de investigación.

La Sala Constitucional Segunda de La Paz instruye al Ministerio de Gobierno que corrija y repare las vulneraciones al derecho a la honra que sufrió la ciudadana Reyna H.H., quien fue exhibida públicamente en conferencia de prensa como si fuese autora del delito de abandono de hogar y violencia intrafamiliar.

En ese contexto, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, deberá corregir y repara el daño provocado a la mujer, realizando también una conferencia de prensa para aclarar y rectificar la información e improperios emitidos en contra de los derechos fundamentales de la joven madre.

El fallo constitucional se dió en la audiencia en la que se consideró una Acción de Protección de Privacidad, presentado por el Defensor del Pueblo en representación de Reyna H.H., con el argumento de que se vulneró su honor, imagen y dignidad, al ser exhibida públicamente como delincuente, cuando aún, ni siquiera había sido imputada de cometer delitos.

El caso fue originada en una conferencia de prensa del 22 de enero, ofrecida por el ministro del Gobierno, en la que exhibió a la joven madre como si hubiese simulado su desaparición, además de que se la presentó como consumidora de bebidas alcohólicas que había dejado abandonados a sus hijos.

Según la resolución constitucional de dicha Sala, la autoridad ministerial debe aclarar en dicha conferencia que la joven se encuentra en proceso y que los delitos por los cuales se le investiga serán determinados en un proceso penal. Asimismo, le recordaron al ministro Eduardo Del Castillo que no puede exhibir a personas procesadas penalmente y que están bajo investigación.

Asimismo, como garantía de no repetición, la Sala Constitucional recordó al Ministro de Gobierno que personas privadas de libertad no pueden ser exhibidas mientras se encuentran procesadas y en investigación por algún ilícito penal, aunque sí puede difundir fotografías de personas prófugas, desaparecidas o que han cometido delitos en flagrancia a fin de dar con su paradero.

El Ministerio de Gobierno intentó desvirtuar el caso bajo el argumento de que borró de redes sociales el video donde aparecía Reyna, además de que la víctima debió elevar un reclamo administrativo antes de accionar el recurso, pero estos argumentos fueron descartados por los vocales.

En la audiencia también se hizo mención a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que justamente ya ha sancionado al Estado boliviano por la exhibición de personas imputadas como en el caso de Blas Valencia, donde se tuvo que pagar un resarcimiento.

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