TIERRA NOTICIAS. El Gobierno de Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, además de los agentes de la Policía Nacional han "cometido, y se siguen cometiendo graves violaciones y abusos a los derechos humanos” "constituyéndose en crímenes de lesa humanidad" en esa nación centroamericana.

A esta conclusión ha llegado el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU, que fue creado para investigar independiente y recabar pruebas de la situación en Nicaragua, a partir de las protestas ciudadanas del mes de abril del 2018. Este Grupo de Expertos independientes hoy (02.03.2023) ha presentado su primer informe ante los periodistas en Ginebra

Entre los atropellos destacados en ese reporte se incluyen “las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, la tortura, la privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país”.

"Estas violaciones y abusos fueron perpetrados de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, constituyéndose en crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelación, tortura, incluyendo violencia sexual, deportación forzosa y persecución por motivos políticos", e indicaron que la población "vive con miedo respecto de las acciones que el propio gobierno pueda tomar contra ella", sostiene el informe de la ONU.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos aseguran que las transgresiones de los derechos humanos, que se han venido cometiendo desde abril de 2018, "no son un fenómeno aislado, sino el producto de un proceso planificado de desmantelamiento de la separación de poderes y de las garantías democráticas y de una fuerte concentración del poder en las figuras del presidente y la vicepresidenta de la República".

Añadieron que toda esta planificación condujo a la “destrucción del espacio cívico y democrático” y que “las altas autoridades del Gobierno han logrado instrumentalizar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, para desarrollar e implementar un marco jurídico que tiene por objeto reprimir el ejercicio de las libertades fundamentales y perseguir a las personas opositoras”, con el objetivo “de eliminar, por distintas vías, cualquier tipo de oposición en el país”.

El Grupo también identificó un “uso generalizado y sistemático de la detención arbitraria como resultado de la instrumentalización, del derecho penal y del sistema de justicia para perseguir, imputar y acusar a personas de la población civil de Nicaragua, opositoras a su Gobierno o percibidas como tales”.

Durante las investigaciones, el Grupo constató la existencia de ejecuciones extrajudiciales, “como un patrón de conducta” conducido “por agentes de la Policía Nacional e integrantes de grupos armados progubernamentales que actuaron de manera conjunta y coordinada”, indicó la experta Angela Buitrago. La especialista añadió que “el gobierno obstruyó todo tipo de investigación respecto a estas y otras muertes” después de las protestas sociales ocurridas entre abril y septiembre de 2018.

Jan Simon, integrante del Grupo de Expertos, confirmó que cuentan con "información de que agentes de policía y del Sistema Penitenciario Nacional e integrantes de grupos armados progubernamentales cometieron actos de tortura física y psicológica, incluyendo violencia sexual y violencia de género en el contexto de las aprehensiones, interrogatorios, y detención de personas opositoras".

"Todas estas acciones son posibles porque se ha instrumentalizado al Estado como arma de persecución en contra de la población. Para acelerar este proceso, las autoridades han buscado la persecución, criminalización y eliminación de cualquier voz opositora. Miles de personas defensoras de derechos humanos, trabajadoras de oenegés, activistas, periodistas, líderes estudiantiles, figuras religiosas, y artistas, así como los principales liderazgos nacionales y territoriales de la oposición política, se vieron forzadas a abandonar el país", aseveró Buitrago.

Otro hecho que constató el Grupo de Expertos de la ONU es que, prácticamente todos los medios de comunicación independientes y organizaciones de derechos humanos abandonaron Nicaragua y operan desde el exterior. Y desde el mes de diciembre de 2018, se han cancelado 3144 organizaciones de la sociedad civil, casi la mitad de las organizaciones registradas en 2017.

En ese contexto de todas las violaciones a los derechos humanos y la constatación de los "crímenes de lesa humanidad" cometidas en Nicaragua por el gobierno sandinista régimen de Daniel Ortega, el Grupo de Expertos recomienda al país, la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente.

También recomienda cesar la privación arbitraria de nacionalidad y la deportación forzosa entre otras modalidades de persecución política. El Grupo de Expertos también pide investigar de forma independiente y exhaustiva los abusos y violaciones para que haya rendición de cuentas; garantizar la reparación y no repetición; defender el derecho de las víctimas a saber la verdad; e implementar medidas legislativas y de política pública para garantizar los principios democráticos y la separación de poderes.

El Grupo de Expertos recomienda a la comunidad internacional iniciar acciones legales contra los responsables de las violaciones y crímenes documentados; ampliar las sanciones a instituciones e individuos implicados en crímenes y violaciones; y priorizar el respeto de los derechos humanos cuando se negocien proyectos de cooperación e inversión en Nicaragua.

Tierra Plus/rc

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