TIERRA NOTICIAS. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirma que los vecinos de Achacachi, departamento de La Paz, movilizados desde la pasada semana, buscan evadir la justicia mediante la presión social, y dejar en la impunidad los delitos cometidos en ese municipio, en febrero.

"Estamos denunciando que con movilizaciones se pretende coaccionar y condicionar la labor judicial. Lo que está haciendo la dirigencia de juntas vecinales de Achacachi es pretender por la vía de la presión social evitar que estos delitos sean sancionados", dijo en conferencia de prensa.

Los vecinos de Achacachi se movilizaron tras la aprehensión del presidente de la Federación de Juntas Vecinales, Esnor Condori, quien obtuvo detención domiciliaria; sin embargo, la protesta prosiguió cuando se detuvo a los dirigentes Pastor Salar y Gonzalo Laime, quienes aún tienen pendiente su audiencia de medidas cautelares.

Según Romero, es una "irregularidad" que el juez haya dictado medidas sustitutivas para Condori y que otros tres hayan declinado competencia en el caso de los otros dos dirigentes.

Recordó que en febrero las juntas de vecinos intentaron convertir la rendición pública de cuentas convocada por el alcalde Edgar Ramos "en un cabildo para desconocer al alcalde municipal".

Las juntas vecinales propugnaron "un golpe de Estado, destituir al alcalde electo por el voto popular y afectar de esta manera la institucionalidad establecida en nuestro ordenamiento legal", agregó.

Manifestó que para desarrollar esa estrategia política los dirigentes vecinales de Achacachi recurrieron a allanar las instalaciones de la Alcaldía Municipal, destrozaron y quemaron un vehículo oficial, atacaron domicilios, negocios particulares, y sobre todo quemaron la vivienda del alcalde.

El ministro, acotó que se llegó al extremo de obligar a cerrar negocios, a aportar económicamente y se despojó de sus bienes a los vecinos para financiar la "estrategia política golpista".

"El Ministerio Público decidió emitir una orden de aprehensión contra estos señores por los delitos de destrucción o deterioro de bienes del Estado y requisa nacional, asociación delictuosa, robo agravado y asesinato en grado de tentativa", señaló.

Por su parte, el viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, denunció que vecinos de Achacachi están obligando a pagar 200 bolivianos a aquellas personas que no asistan a las movilizaciones.

"Según se conoce se sacó circulares en las que están obligando a las personas a participar de esta medida de presión, incluso coaccionado con multas de 200 bolivianos para aquellas personas que no asistan, que no realicen estos bloqueos en estas movilizaciones", afirmó.