El Ministerio Público logró el viernes la detención preventiva de Ernesto Córdova en la cárcel de San Pedro, por la presunta comisión del delito de proxenetismo, por el impago de sumas de dineros que fueron prometidas por el imputado por el servicio sexual a clientes del club nocturno ‘La Diosa'.

"El trabajo de la comisión de fiscales se ve reflejado en la resolución de medidas cautelares en la que se otorga credibilidad a la teoria del caso que debidamente fundamentado con los indicios colectados", señaló el Fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco Soria.

En la audiencia de medidas cautelares, la comisión de fiscales asignados al caso detallaron que la querella fue presentada el 18 de abril por cuatro víctimas, quienes refirieron que en 2015, Córdova les ofreció trabajo en ‘La Diosa', además de un lugar para vivir por el cual debían pagar 500 dólares mensuales, además de una garantía de 1.000 dólares.

De acuerdo con las declaraciones de las víctimas que cursan en el cuaderno de investigación, cuando comenzaron a trabajar sólo tenían que atender a los clientes en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas.

Sin embargo, con el paso de los días las condiciones laborales cambiaron porque debían consumir bebidas alcohólicas con los clientes, bajo el control de manillas, y ofrecer un servicio sexual.

Según las víctimas, inicialmente las condiciones de trabajo fueron aceptadas voluntariamente, pero posteriormente Córdova las obligaba a mantener relaciones sexuales con sus amigos sin ninguna remuneración.

Según los fiscales asignados al caso, Córdova no realizaba el pago a sus trabajadoras, alegando que les cancelaría días después, o que les descontó porque eran malcriadas con los clientes.

En ocasiones, Córdova les pagaba sólo una parte del monto total, justificando que el resto del dinero era una garantía para que ellas vuelvan a trabajar, por lo que las mismas eran obligadas a seguir asistiendo al local nocturno.

Asimismo, la comisión de fiscales argumentó que cuando las víctimas pretendían recuperar el anticipo de 1.000 dólares por habitar en el departamento ofrecido por Córdova, el imputado refirió que no tenía dinero.

Tras la denuncia ante la Fiscalia, las víctimas fueron buscadas por Córdova para firmar sus desistimientos a favor del ahora imputado. Sin embargo, posteriormente la querella fue ratificada.

Ante lo expuesto, la comisión de fiscales fundamentó los riesgos procesales que concurren para que se aplique la medida extrema de la detención preventiva, tales como el peligro de fuga y obstaculización.

Además los fiscales argumentaron que el imputado no presentó la documentación idónea que demuestre domicilio y trabajo o negocios legalmente asentados en el país.

Respecto al peligro de obstaculización, el Ministerio Público agregó que el imputado puede modificar, destruir, u ocultar pruebas, además de influir en sus bases, testigos y otros imputados, para que se comporten de forma reticente o que declaren falsamente.