TIERRA NOTICIAS. El proyecto de ley que se propuso para proteger "los derechos a la protesta" de las personas que bloquearon las carreteras del país no tiene consenso ni siquiera en el Movimiento Al Socialismo (MAS), la tienda política de donde salió esa propuesta.

De hecho, el diputado Henry Cabrera (MAS) afirmó este lunes que no hubo ninguna reunión previa en su bancada para acordar este proyecto normativo que se presentó ni bien concluyeron las medidas de presión que lideró la Central Obrera Boliviana (COB).

El legislador aclaró que su colega Betty Yañiquez presentó el documento a título personal.

"Nosotros somos respetuosos de la ley que está vigente en el país, es un proyecto de ley que fue presentado de forma individual por la jefa de bancada (Betty Yañiquez). No hemos tenido ninguna reunión para llegar a un consenso, algunos colegas indicaron sobre este proyecto, pero insisto que lo presentó a título personal", puntualizó el diputado.

El diputado de Unidad Demócrata, Gonzalo Barrientos, reveló que una de las diputadas del MAS, que participó en las movilizaciones desarrolladas en El Alto, fue precisamente Betty Yañiquez.

"Es públic, la jefa de bancada de los diputados, la diputada (Betty) Yañiquez, ha estado en la movilización donde se ha llevado un cabildo en El Alto donde se ha llevado adelante un cabildo, donde han decidido este bloqueo criminal", aseguró Barrientos a radio Fides.

En ese contexto, la diputada Concepción Ortiz, también del MAS, indicó que la aprobación de una norma de esas características solo ocasionará mayor conflicto en el país. Consideró que es mejor iniciar un escenario de reencuentro entre la población boliviana.

La jefa de bancada del MAS, Betty Yañiquez es la proyectista de la norma y remitió una carta al presente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, para justificar esta normativa.

Sin embargo, Choque negó que hubiera un anteproyecto de esa naturaleza; además señaló que, si bien los parlamentarios tiene la obligación de debatir cualquier proyecto normativo, no significa que su aprobación sea obligatoria.

"El MAS jamás va a socapar ningún acto delictivo; lo único que se pretende es que se respete la Constitución Política del Estado donde se establece que las personas tenemos derecho al disenso, a la libertad de expresión. En ese sentido, no necesitamos ninguna ley que proteja a ningún dirigente", declaró la autoridad legislativa

Cuestionamientos

El jefe de la unidad de Coordinación con Movimientos Sociales, Rafael Quispe, cuestionó que los legisladores del MAS pretendan encubrir a aquellos dirigentes que vulneraron los derechos fundamentales de la población.

Los 13 días de movilizaciones prohibieron el traslado de insumos médicos, botellones de oxígeno y los productos de la canasta familiar.

A la vez anunció que todos los que participaron de estas actividades serán procesados en la vía penal, por las muertes que se produjeron por causa del prolongado corte de las rutas.

El diputado Barrientos reveló que varios son los diputados del MAS que han estado en las movilizaciones de los ´´ultimos 12 días, pero tambien alcaldes del mismo partido y dirigentes.

"Han habido otros legisladores, se ha visto en Montero a una diputada, no recuerdo el nombre, que también estaba detras de estos bloqueos y en plenas movilizaciones", dijo Barrientos.

"La Alcaldía de Vinto que ha utilizado maquinarias y equipos de la Alcaldía para evitar que salga el oxígeno. En Potosí la Alcaldía de Betanzos, la Alcladía de Tawa, alcaldías que por detras han estado llevando el apoyo a estas movilizaciones", aseguró el diputado de UD.

El presidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab), Arturo Yáñez, advirtió que la aprobación de una norma de estas características no sólo está vulnerando la Constitución Política del Estado, sino un conjunto de normativas internacionales.

"Les estamos exhortando a los legisladores del Estado boliviano para que cumplan con la Constitución, con el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Les estamos alertando que de continuar con la continuidad de ese proyecto, van a hacer incurrir al Estado en responsabilidades internacionales", puntualizó el jurista.

Con relación a este último punto, Yáñez explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) puede sancionar al Estado boliviano por la vigencia de una norma de amnistía, porque estaría liberando de responsabilidades penales a aquellos que vulneraron los derechos humanos.