Ministro de Gobierno reinciden en desacato de sentencia constitucional al presentar como delincuentes a cocaleros detenidos indebidamente
TIERRA NOTICIAS. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, viola una sentencia Constitucional al exhibirlos públicamente a 24 cocaleros de los Yungas, detenidos indebidamente e ilegalmente por efectivos de la UTOP y GEA en inmediaciones de Villa el Carmen y Villa Fátima en la víspera, así lo denuncia la abogada de los mismos, Evelin Cossió.
"El Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia constitucional en el entendido de que, no se puede exponer a las personas que están en etapa de investigación como autores de la comisión de un ilícito, en tanto no se tenga una sentencia firme", dijo la abogada de los 24 cocaleros.
La abogada denunció que Eduardo del Castillo ya asumió las competencias y atribuciones de un juez y de un fiscal al juzgar sentenciar a los 24 cocaleros como "delincuentes", cuando la Constitución Política del Estado (CPE) garantiza la presunción de la inocencia hasta que no se demuestre lo contrario ante juez competente.
"En cuanto a la aprehensión que se ha realizado indebida, ilegal en contra de todos los cocaleros alrededor de 24, el día de ayer, los mismo ni si quiera ha tenido el derecho de presentar elementos indiciarios que den luces a demostrar que no concurre la probabilidad de autoría, pero el Ministro de Gobierno, tomándose las atribuciones de un juez y un fiscal ya ha determinado y los ha denominado 'delincuentes'", argumentó Cossío.
Las autoridades de Gobierno en el momento de ser posesionados en el cargo, juran públicamente cumplir las leyes y la Constitución Política del Estado, sin embargo Del Castillo es un reincidente en la violación de las garantías constitucionales y las leyes vigentes en Bolivia, porque en el primer semestre de este año, él hizo una práctica cotidiana de la presentación pública de las personas detenidos.
"Tomemos en cuenta que al hacer este acto el Ministro ha dañado la imagen e integridad de estos cocaleros", afirmó Cossío. En ese contexto, ante la recurrencia en el desacato de una sentencia Constitucional de la pasada gestión, el abogado de ADEPCOCA, Gualberto Cusi, anunció la presentación de una querella penal en contra del Ministro de Gobierno.
"Esto es recurrente, (por eso) nosotros vamos a asumir las medidas legales contra estas autoridades porque no es correcto ni justo de que, todo un Ministro haga, digamos, una presentación pública de personas, que en la propia norma dice que son inocentes y así deben ser tratados", manifestó Cusi ante los periodistas.
Al promediar las 17:00 de ayer martes, un contigente policial de la UTOP y otro del GEA, detuvieron a un grupo de cocaleros, incurriendo en el delito de allanamiento de la propiedad privada en inmediaciones de Villa El Carmen y Villa Fátima para ejecutar una detención indebida e ilegal de una 12 personas dentro de una vivienda particular.
En esa circunstancia una de las vecinas afectadas con la violación de la propiedad privada por parte de los malos policías, denunció que los uniformados implantaron cachorros de dinamitas en las ropas de los cocaleros para acusarlos de porte y portación de explosivos.
"Aquí una vecina quiere denunciar que un policía ha metido a un cocalero aquí dinamita para pensar que ellos tienen dinamita, los policías maricones no pueden ir ni a la frontera, cómo nos abusas en la frontera, señor (Luis) Arce piense pues, ¿nosotros no somos bolivianos?, de una vez pues solucione este problema, los dos cocaleros que se vaya de nuestra zona, cada día es el problema aquí", manifestó la vecina en la transmisión del periodista Nicolas Sanabria.
Desde la semana pasada los vecinos son las víctima colaterales de la brutal represión policial y de las detonaciones de dinamitas, porque sus calles se han convertido en una zona de guerra de los uniformados estatales y los productores de coca de la zona tradicional de los Yungas que exigen el cierre de un mercado ilegal de coca en Villa El Carmen.
Tierra Plus/ GPA/rc
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"El Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia constitucional en el entendido de que, no se puede exponer a las personas que están en etapa de investigación como autores de la comisión de un ilícito, en tanto no se tenga una sentencia firme", dijo la abogada de los 24 cocaleros.
La abogada denunció que Eduardo del Castillo ya asumió las competencias y atribuciones de un juez y de un fiscal al juzgar sentenciar a los 24 cocaleros como "delincuentes", cuando la Constitución Política del Estado (CPE) garantiza la presunción de la inocencia hasta que no se demuestre lo contrario ante juez competente.
"En cuanto a la aprehensión que se ha realizado indebida, ilegal en contra de todos los cocaleros alrededor de 24, el día de ayer, los mismo ni si quiera ha tenido el derecho de presentar elementos indiciarios que den luces a demostrar que no concurre la probabilidad de autoría, pero el Ministro de Gobierno, tomándose las atribuciones de un juez y un fiscal ya ha determinado y los ha denominado 'delincuentes'", argumentó Cossío.
Las autoridades de Gobierno en el momento de ser posesionados en el cargo, juran públicamente cumplir las leyes y la Constitución Política del Estado, sin embargo Del Castillo es un reincidente en la violación de las garantías constitucionales y las leyes vigentes en Bolivia, porque en el primer semestre de este año, él hizo una práctica cotidiana de la presentación pública de las personas detenidos.
"Tomemos en cuenta que al hacer este acto el Ministro ha dañado la imagen e integridad de estos cocaleros", afirmó Cossío. En ese contexto, ante la recurrencia en el desacato de una sentencia Constitucional de la pasada gestión, el abogado de ADEPCOCA, Gualberto Cusi, anunció la presentación de una querella penal en contra del Ministro de Gobierno.
"Esto es recurrente, (por eso) nosotros vamos a asumir las medidas legales contra estas autoridades porque no es correcto ni justo de que, todo un Ministro haga, digamos, una presentación pública de personas, que en la propia norma dice que son inocentes y así deben ser tratados", manifestó Cusi ante los periodistas.
Al promediar las 17:00 de ayer martes, un contigente policial de la UTOP y otro del GEA, detuvieron a un grupo de cocaleros, incurriendo en el delito de allanamiento de la propiedad privada en inmediaciones de Villa El Carmen y Villa Fátima para ejecutar una detención indebida e ilegal de una 12 personas dentro de una vivienda particular.
En esa circunstancia una de las vecinas afectadas con la violación de la propiedad privada por parte de los malos policías, denunció que los uniformados implantaron cachorros de dinamitas en las ropas de los cocaleros para acusarlos de porte y portación de explosivos.
"Aquí una vecina quiere denunciar que un policía ha metido a un cocalero aquí dinamita para pensar que ellos tienen dinamita, los policías maricones no pueden ir ni a la frontera, cómo nos abusas en la frontera, señor (Luis) Arce piense pues, ¿nosotros no somos bolivianos?, de una vez pues solucione este problema, los dos cocaleros que se vaya de nuestra zona, cada día es el problema aquí", manifestó la vecina en la transmisión del periodista Nicolas Sanabria.
Desde la semana pasada los vecinos son las víctima colaterales de la brutal represión policial y de las detonaciones de dinamitas, porque sus calles se han convertido en una zona de guerra de los uniformados estatales y los productores de coca de la zona tradicional de los Yungas que exigen el cierre de un mercado ilegal de coca en Villa El Carmen.
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